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Latinoamérica pedirá información por sobornos de Odebrecht

Según una investigación de diario O Globo publicada días atrás la constructora Odebrech realizó proyectos en países de América Latina como Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala

22.12.2016

Lima, Perú
Varios países de Latinoamérica anunciaron el jueves que pedirán información a Estados Unidos y Brasil luego de que la firma brasileña Odebrecht admitió ante autoridades en Nueva York haber pagado millonarios sobornos en la región para obtener contratos públicos.

En un acuerdo de culpabilidad con una corte federal neoyorquina difundido la víspera por el Departamento de Justicia estadounidense, Odebrecht detalló que entre 2006 y 2015 pagó en Venezuela unos 98 millones de dólares a funcionarios e intermediarios no mencionados.

El gobierno de Venezuela no comentó el caso pero la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, anunció que impulsará una investigación sobre todas las operaciones y proyectos que desarrolló la constructora brasileña para determinar quiénes estuvieron implicados en el cobro de comisiones ilegales.

'La mayoría de las obras que hoy están manos de Odebrecht no sólo tienen sobreprecio sino que no han sido culminadas y algunas de ellas están paralizadas a pesar de que se dieron millonarios anticipos', dijo el diputado opositor Julio Montoya a The Associated Press.

El legislador precisó que la firma brasileña logró numerosos contratos para la construcción de puentes, carreteras, líneas férreas y proyectos eléctricos en Venezuela gracias a las estrechas relaciones del fallecido presidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro con Odebrecht y sus aliados políticos de Brasil, los ex gobernantes Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

De acuerdo con los documentos divulgados por el Departamento de Justicia -que consideró al escándalo 'el mayor caso de soborno extranjero en la historia'- en Panamá Odebrecht pagó 59 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

La constructora brasileña se convirtió en los últimos 12 años en la mayor contratista en Panamá y se adjudicó contratos por más de 9.000 millones de dólares. Entre ellos estuvo la construcción de la primera línea del metro capitalino, que se licitó en 1.452 millones de dólares pero terminó costando casi un 40% más.

Odebrecht forma parte del consorcio que construye una segunda línea del metro adjudicada en 2015 por casi 2.000 millones de dólares e integra otros multimillonarios proyectos de vivienda impulsados por el gobierno del actual presidente Juan Carlos Varela.

En Colombia la oficina del presidente Juan Manuel Santos dijo en un comunicado que solicitará información 'que involucre a funcionarios y/o contratos'.

Según los documentos estadounidenses, Odebrecht detalló que entre 2009 y 2014 pagó en Colombia unos 11 millones de dólares. El Secretario de Transparencia de la presidencia colombiana, Camilo Enciso, dijo a la radio local Caracol que los sobornados serán colocados 'en la picota pública y tendrán que ser judicializados y sancionados'.

En Perú el primer ministro Fernando Zavala dijo que apoyarán a la fiscalía en el pedido de información a Estados Unidos y Brasil sobre los 29 millones de dólares que Odebrecht dijo haber pagado a funcionarios entre 2005 y 2014. Los pagos se hicieron durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

En Perú existen cuatro investigaciones ligadas a una gran red de corrupción en Brasil pero sólo una de ellas involucra a Odebrecht y se refiere a una licitación en 2014 de un proyecto para construir un gasoducto en la que esa compañía fue la única postora y ganó.

Ecuador también pedirá detalles sobre los pagos ilegales que la firma brasileña hizo entre 2007 y 2016 y sumaron 33,5 millones de dólares.

'Con la investigación se busca identificar nombres, cuantías y conocer adónde fueron a dar esos recursos', dijo el fiscal general Galo Chiriboga entrevistado por la radio pública de Ecuador.

En Guatemala el gobierno del Jimmy Morales aún no se ha pronunciado pero la fiscal general Thelma Aldana confirmó que existen dos investigaciones referentes al caso.

Según los documentos estadounidenses Odebrecht pagó 18 millones de dólares en sobornos entre 2013 y 2015 durante el gobierno de Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes renunciaron a sus cargos en 2015 y están presos por acusaciones de corrupción.

En Argentina, la diputada nacional opositora Margarita Stolbizer presentó el jueves una denuncia ante la justicia para que se inicie una investigación sobre el destino de los 35 millones de dólares que Odebrecht dijo haber pagado en concepto de sobornos a funcionarios locales para obtener contratos por 275 millones de dólares durante el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).

'A esta altura a nadie le asombra una denuncia de episodios de corrupción que vinculan al Ministerio de Planificación', la dependencia que tenía bajo su órbita la obra pública durante el gobierno de Fernández. 'Si en un lugar estuvo focalizada la corrupción en los últimos años fue justamente ese ministerio', agregó en referencia a las múltiples causas judiciales que salpican a exfuncionarios del área.

La constructora brasileña participó de la ampliación de un gasoducto, la construcción de una planta de la estatal petrolera argentina YPF y el soterramiento de un ramal del ferrocarril.

Los otros países de la región en los que Odebrecht admitió haber pagado sobornos fueron Brasil (349 millones), República Dominicana (92 millones) y México (10,5 millones).

El avance de la Operación Lava Jato ('Lavadero de autos'), la mayor acción judicial contra la corrupción en la región, llevó al banco de fomento brasileño BNDES a suspender el desembolso de 3,600 millones de dólares para 16 proyectos en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala, precisó hace dos semanas la pesquisa publicada en Brasil por el diario O Globo.

El Departamento de Justicia informó que Odebrecht y su petroquímica Braskem acordaron pagar una multa combinada de al menos 3.500 millones de dólares para que se retiren las acusaciones de que sobornaron desde 2001 a funcionarios en 10 países de Latinoamérica y dos de África para obtener contratos por un centenar de proyectos públicos.