La mayoría accionaria de la televisora Globovisión, la única crítica del gobierno venezolano, será vendida a un empresario local después de la elección presidencial, indicaron trabajadores a The Associated Press.
Los empleados de la televisora estuvieron en la jornada en una reunión con los propietarios del canal y a la salida confirmaron la venta del 80% del paquete. Otro 20% perteneciente a un banquero fue expropiado por el gobierno tres años atrás y aún está en disputa sin que se pueda vender.
El comprador es Juan Domingo Cordero, gerente de la empresa de seguros La Vitalicia, indicaron empleados de Globovisión que asistieron a la cita con los propietarios de 80% del canal, la familia Zuloaga.
Leopoldo Castillo, el principal ancla periodística del canal, dijo al inicio de su programa diario 'Alo Ciudadano' que la venta de decidía porque el canal era inviable económicamente por los procesos judiciales.
'Lamentablemente este canal ha llegado a ser inviable jurídicamente, reactivados procesos jurídicos que significan costos, que significan erogaciones monetarias y ha llegado a ser inviable económicamente', dijo Castillo.
Indicó que el temor y preocupación de Guillermo Zuloaga era no poder cumplir sus compromisos con los trabajadores del canal.
Agregó que la venta sería después del 14 de abril, o tras las elecciones presidenciales.
'Y quiero decir que si se está comprando esta marca, quiero que quede claro, es porque aquí hay unos profesionales... que ha podido construir una referencia como canal informativo en América Latina y yo diría en el mundo', dijo Castillo al resaltar que eran 'condiciones no fáciles de transmitir' o de trabajar.
En la reunión los dueños de Globovisión alegaron que 'políticamente, económicamente y jurídicamente no es un negocio viable... ya no tiene la rentabilidad que tenía antes', dijo el trabajador, pero además 'el gobierno no le da (al canal) dólares preferenciales para comprar equipos'. Desde 2003 existe en el país un control de cambio de divisas y el único que las asigna es el gobierno.
Los compradores, según el trabajador, se han presentado como neutrales aunque se menciona a Cordero como amigo del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Se espera que después de se concrete la operación de compra se dé la salida de las principales figuras del canal.
Globovisión no comentó el caso de la venta de inmediato, mientras en sus oficinas al norte de la ciudad se indicó que darían un comunicado el final de la jornada.
En 2007 el gobierno no renovó la licencia de operaciones de Radio Caracas Televisión (RCTV), que era el otro canal crítico. Tres años después lo excluyó del servicio de televisión por cable.
El oficial organismo regulador del sector de telecomunicaciones venezolano, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), tiene acumulados ocho procesos contra el canal de noticias por presuntas violaciones a la ley, la mayoría de ellos aún están a la espera de decisión definitiva.
El más reciente de ellos data del 9 de enero. Ese proceso fue abierto por presuntos 'ilícitos administrativos' previstos en la ley que regula el sector y que prevé que 'los prestadores de radio y televisión no podrán difundir elementos que generen zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público, que atenten contra la estabilidad del sistema democrático, elementos que vayan contra las autoridades legítimamente constituidas, o aquellos que generen odio e intolerancia por razones políticas y religiosas'.
Conatel ha dicho que el proceso administrativo tiene que ver con una serie de mensajes transmitidos por Globovisión sobre el tema de la toma de posesión del presidente, prevista en la carta magna para el 10 de enero, y en los que según el organismo se omitieron apartes del texto constitucional.
El fallecido presidente Hugo Chávez, quien tuvo dificultades para realizar actos de campaña debido al cáncer que padecía, ganó el 7 de octubre su cuarto mandato pero nunca pudo tomar posesión públicamente del cargo debido a su enfermedad.
Según el gobierno, Globovisión manipuló la información al no publicar en sus mensajes el texto completo del artículo constitucional sobre la toma de posesión. El medio podría ser sancionado con una multa o 72 horas de cierre.
En junio de 2012 Conatel abrió el que fue entonces el séptimo proceso contra el pequeño canal de noticias, que culminó en la imposición de una multa de 2,2 millones de dólares, por difundir mensajes que supuestamente incitaron a la 'zozobra' durante el motín en la cárcel central de El Rodeo que se dio a mediados de 2011.
Globovisión pagó la multa un día después de que el Tribunal ordenó un embargo de activos que representaban casi 5,7 millones de dólares propiedad del canal.
Conatel y otros entes, como el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y la Fiscalía General, han abierto procedimientos contra Globovisión por supuesta evasión de impuestos y la difusión de informaciones relacionadas con protestas, temblores y declaraciones contra Chávez.
La administración de Chávez, que desde junio de 2011 luchaba contra el cáncer y falleció el 5 de marzo, mantuvo relaciones tirantes con Globovisión, al que acusaba de apoyar el fallido golpe de 2002 y de difundir 'mentiras' contra el gobierno.
El presidente del canal, Guillermo Zuloaga, y su hijo se mantienen fuera del país desde mediados de 2010 luego de que un tribunal local ordenó su captura para procesarlos por el presunto almacenamiento irregular de 24 vehículos en una de sus viviendas.
Zuloaga, quien ha denunciado que es un perseguido del gobierno venezolano, solicitó el año pasado asilo en Estados Unidos.
La orden de captura de Zuloaga coincidió con la intervención del Banco Federal, que era propiedad del banquero Nelson Mezerhane, accionista minoritario de Globovisión, quien atribuyó la acción contra el banco como una represalia por la línea editorial de la televisora. El banco fue expropiado posteriormente.
El gobierno ha rechazado el señalamiento del banquero y ha asegurado que se cometieron irregularidades.
Globovisión se convirtió en 2010 en el único canal opositor a Chávez después de que RCTV fue obligada a retirarse tanto de la televisión por cable como vía satélite.
En el país funcionan además las estaciones privadas Venevisión, Televen, Canal I y La Tele, todas de tendencia neutra, mientras que el gobierno maneja de forma directa otros cuatro canales más la cadena regional de noticias Telesur.
