La directiva gubernamental, publicada la semana pasada aunque emana de otra ley aprobada en agosto de 2018 por el parlamento portugués, permitirá de ahora en adelante a los adolescentes de 16 a 18 años declarar su cambio de género a su establecimiento escolar con permiso de sus padres.
Este texto autoriza además a elegir los baños o el uniforme correspondiente a su identidad o a presentarse en clase con su nuevo nombre de pila.
Varios medios de la prensa escrita y televisiones llevaron el tema en sus portadas, mientras que el jefe de la oposición, Rui Rio (Partido socialdemócrata, de centro-derecha), criticó el jueves la directiva en Twitter por 'sembrar la confusión entre los padres y niños', y acusó al gobierno socialista de 'tomar a la ligera un tema serio' mostrando 'poco respeto hacia los niños'.
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Una petición en línea que reclamaba la suspensión de esta directiva ha logrado cosechar más de 27,000 firmas.
En respuesta a las críticas, el secretario de Estado de Educación, Joao Costa, lamentó una lectura errónea del texto y la creación de un 'clima alarmista inútil'.
'La directiva está dirigida a una minoría, ya que no creemos exceder los 200 niños transgénero pretende protegerles contra la discriminación y no es cierto que promueva el acoso', declaró a la prensa en referencia a las acusaciones provenientes de la oposición.
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La Fenprof, principal sindicato de docentes portugués, defendió el viernes un texto que 'debería haber entrado en vigor hace mucho tiempo' y que va a 'responder a una realidad que no puede ser ignorada'.
La ley aprobada en 2018 permite a los portugueses cambiar de género en el estado civil sin necesidad de un diagnóstico médico de perturbación de la identidad a partir de los 16 años.
