Unos 30,000 solicitantes de asilo han sido enviados por Estados Unidos a ciudades del norte de México para que aguarden allí a que los convoquen. Se ven obligados a esperar audiencias programadas dentro de meses, pero no se han tomado medidas para atenderlos y muchas ciudades fronterizas son peligrosas.
El Instituto Nacional de Migración indicó que está trasladando en autobús a los migrantes desde las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo y Matamoros al estado de Chiapas, en el sur del país. Ambas ciudades, dos de las más peligrosas en la frontera norte, se encuentran en el estado de Tamaulipas y están dominadas por cárteles del narcotráfico.
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La agencia migratoria señaló que el objetivo es “ofrecer una alternativa más segura para aquellas personas que no desean permanecer en la frontera de México con Estados Unidos”. No indicó cuántas personas han sido enviadas hasta ahora a Chiapas, fronterizo con Guatemala.
The Associated Press reportó que, en julio, México había comenzado a trasladar en autobús a algunos de los migrantes devueltos por Estados Unidos desde Tamaulipas a la ciudad de Monterrey, en el vecino estado de Nuevo León. Las autoridades dijeron que era por su seguridad, pero muchos fueron dejados en esa ciudad que no conocían a la mitad de la noche.
No está claro cómo podrán regresar los migrantes a la frontera norte para acudir a sus audiencias.
Derechos humanos visitarán frontera
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este viernes que conducirá una visita a la frontera de Estados Unidos con México entre el 19 al 23 de agosto para monitorear el acceso al asilo y las condiciones de detención de los migrantes, entre otros temas.'El objetivo de la visita es monitorear la situación de los derechos humanos con relación a las condiciones de recepción en la frontera, el acceso al asilo y a los procedimientos de protección internacional y las condiciones de detención migratoria', dijo la Comisión, un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La delegación de la CIDH, que visitará las ciudades de San Diego y Laredo, también analizará los procedimientos de migración y asilo, las garantías procesales, la protección judicial, 'con un especial énfasis en los principios de la unidad familiar y el interés superior de la niñez', dijo la Comisión.
A principios de 2017, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció un endurecimiento de la política migratoria y en 2018 lanzó su política de 'tolerancia cero', que propició que más de 2,300 niños fueran separados de sus padres migrantes. Después, suspendió esta medida.
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El mes pasado, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se declaró 'profundamente impactada' por las condiciones de detención de los migrantes en Estados Unidos y subrayó que no habría que separar nunca a los niños de sus padres.
El jueves una corte federal de apelaciones de San Francisco sostuvo una decisión de un tribunal de menor rango que ordenaba al gobierno de Trump entregar artículos de aseo como jabón, baños limpios y camas a los niños migrantes detenidos en la frontera con México.
La delegación será encabezada por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, también relatora especializada en los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
En julio, las aprehensiones en la frontera sur de Estados Unidos cayeron 21% con respecto al mes anterior, a un nivel de 82,000 migrantes detenidos o bloqueados. En junio esta cifra fue de 104,000 y en mayo fue 144,000 personas, un máximo en 13 años.
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