Un juez federal argentino pidió el jueves el desafuero de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío en 1994 y traición a la patria, uno de los delitos más severamente castigados por la ley.
A su vez dispuso el procesamiento del ex canciller Héctor Timerman y su arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud y los procesamientos con prisión preventiva del exsecretario Legal y Técnico de la presidencia Carlos Zannini y del dirigente social Luis D'Elía, quienes fueron arrestados en la madrugada del jueves por fuerzas de seguridad acusados de los mismos delitos, dijo a The Associated Press el fiscal de la causa Eduardo Taiano.
Otros de los procesados y detenidos son Jorge Khalil, integrante de la comunidad iraní en Argentina, y el dirigente social izquierdista Fernando Esteche.
Taiano dijo a la AP que las detenciones obedecen a “la gravedad de los delitos que se imputan”. El delito de traición a la patria contempla una pena de entre 10 y 25 años y el de encubrimiento un máximo de seis.
Además Bonadío procesó sin prisión preventiva por los mismos delitos al exsecretario de la presidencia y extitular del servicio de inteligencia Oscar Parrilli, a varios exfuncionarios de inteligencia y a la ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros, y los convocó para “que se presenten en este tribunal, dentro de las 48 horas de anoticiados, con el objeto que se notifiquen personalmente de la presente resolución”, señaló el juez en su dictamen difundido por el Centro de Información Judicial.
Fernández juró como senadora nacional la semana pasada en representación de una coalición centroizquierdista para un periodo de seis años. Para poder ser detenida como requiere el juez se necesita que el Senado le retire los fueros parlamentarios con el voto de los dos tercios de los integrantes de esa cámara, los que actualmente no están asegurados.
Si no se produce el desafuero, el juez podrá seguir investigándola ya que la inmunidad parlamentaria sólo la protege del arresto.
La expresidenta y los demás acusados pueden apelar la medida de Bonadío ante diversas instancias judiciales que definirán si debe seguir procesada y encarar un eventual juicio, lo que podría llevar varios meses.
En una presentación ante el juez Bonadío en octubre la exmandataria (2007-2015) negó haber protegido a los exfuncionarios y ex diplomáticos iraníes acusados del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) como había denunciado en 2015 el fiscal Alberto Nisman poco antes de aparecer muerto en extrañas circunstancias.
Fernández también acusó al magistrado, quien la investiga en otras causas, de ser parcial y estar manipulado por el presidente Mauricio Macri.
Pero Bonadío afirmó en su dictamen que el pacto suscrito en 2013 entre el entonces gobierno de Fernández e Irán “formó parte de un acuerdo... para normalizar las relaciones entre los Estados y garantizar la impunidad de los ciudadanos iraníes sindicados por la justicia argentina como los responsables del atentado, como así también cambiar el eje de la investigación de la causa AMIA”.
La exmandataria ha defendido públicamente ese acuerdo como una forma de avanzar en la pesquisa del atentado, que sigue irresuelto. El convenio fue aprobado por el Parlamento argentino pero luego fue declarado inconstitucional por la justicia.
En su denuncia Nisman había señalado que dicho memorando -firmado con el alegado propósito de avanzar en la investigación del atentado- era una pantalla para garantizar la impunidad de los iraníes acusados del ataque en el que murieron 85 personas. El régimen iraní siempre rechazó las acusaciones.
Nisman denunció el 14 de enero de 2015 a todos los exfuncionarios y allegados a Fernández contra los que ha actuado Bonadío. Cuatro días después fue hallado muerto de un tiro en la cabeza en su departamento de Buenos Aires, lo que recientemente fue considerado por la justicia federal como un homicidio.
Organizaciones de derechos humanos y grupos sociales afines a la expresidenta criticaron la decisión de Bonadío. “Con el objetivo de perseguir y silenciar voces opositoras el partido judicial opera al servicio del Ejecutivo”, dijo en Twitter el grupo de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo.
Seguidores de la ex líder del kirchnerismo, el movimiento que fundó con su marido -el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007)- se congregarán en las próximas horas en las inmediaciones del Congreso para apoyarla.
La denuncia de Nisman contra Fernández y el resto de los imputados fue desestimada en distintas instancias judiciales pero el máximo tribunal penal del país ordenó su reapertura a fines de 2016.
Fernández afronta otras investigaciones judiciales por supuesto lavado de dinero y encabezamiento de una asociación ilícita que presuntamente recibía sobornos a cambio de la adjudicación de obras públicas.
