Los fiscales y el resto del personal que resulte aplazado en las evaluaciones que aplique la Comisión Interventora del Ministerio Público (MP) podrían sufrir “sanción, suspensión y despido, según sea el caso”.
Lino Tomás Mendoza, uno de los comisionados interventores de esa institución, explicó a EL HERALDO sobre las implicaciones que se podrían derivar de este proceso.
Se le consultó al interventor qué pasará con los fiscales que no pasen las pruebas de confianza y respondió que “se hará una investigación y aplicación de código de ética”.
Al no ser la anterior una respuesta concreta se le repreguntó si eso implica posibles despidos y contestó que las medidas serían “sanción, suspensión y despido, según sea el caso”.
Inician pruebas
Esta semana se prevé que se programe la aplicación de pruebas de confianza que incluirán examen del polígrafo, toxicológico, psicométrico y socioeconómico.
EL HERALDO supo que una considerable cantidad de fiscales han firmado una lista para someterse de forma voluntaria a las pruebas de confianza.
Mendoza confirmó que “hay varios voluntarios y se comenzarán a aplicar la pruebas con los voluntarios”.
El Congreso Nacional conformó una Comisión Interventora del Ministerio Público que desde el 18 de abril inició una gestión interina de 60 días en esa entidad para mejorar su operación.
Los miembros de la Comisión Interventora son los abogados Lino Tomás Mendoza, Antonio Navarro y Miriam Guzmán, como propietarios, y Ángela Madrid, como suplente.
Durante los 60 días de intervención quedaron suspendidos el fiscal general Luis Rubí y el fiscal general adjunto, Roy Urtecho.
A la Comisión se le dio la potestad de hacer pruebas de confianza para medir el nivel de confiabilidad que hay en la planilla de fiscales del Ministerio Público, aparte de la evaluación de su rendimiento en la investigación de delitos, presentación de requerimientos y sustentación de casos en los tribunales.
En el Ministerio Público laboran unos 600 fiscales, más personal de apoyo técnico, consultores y otros de secciones administrativas.
No será barrida
Por su lado, la comisionada María Antonia Navarro tiene una postura distinta a la de Lino Tomás Mendoza porque asegura que no se está contemplando hacer separación o confirmar fiscales en sus cargos de acuerdo con los resultados de las pruebas de confianza.
La prueba de confianza “no (es) para (decidir si un fiscal va a) continuar, sino para tener resultados de su efectividad, porque para decidir su continuación (de un fiscal) eso lo regula el marco de su carrera”.
En efecto, existe un Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, creado mediante acuerdo 002-94, el que crea un Consejo de Personal como órgano para sustanciar la tramitación de solicitudes de despido.
El jefe de Consejo de Personal es el fiscal general adjunto, por lo que al estar suspendido sus funciones las asume la Comisión Interventora.
Para que se proceda a un despido se requiere una investigación de la Supervisión Nacional, la que remite una sugerencia de suspensión o despido, si lo amerita el caso, ante la División de Recursos Humanos y esta a su vez envía el expediente al Consejo de Personal.
Para que un fiscal sea despedido se le debe probar abuso, negligencia o el incumplimiento de prohibiciones establecidas en el artículo 53 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público.
En el caso de las pruebas de confianza, este procedimiento no es medio probatorio sino una medición de la idoneidad de la persona para desempeñar una función.
“El marco de la carrera dice cómo un fiscal va ascendiendo, la permanencia, todo eso se determina en ese aspecto”, acotó Navarro.
En los próximos días se hará un programa para la aplicación de las pruebas de confianza para asignarle una calificación a cada test y, remarcó Navarro, “una sola (prueba) no puede definirlo todo, sería muy injusto”.
“La valoración arroja porcentajes, se saca la ponderación y si sale arriba de la media o debajo de la media ahí se va a tomar la decisión”, insistió.
Navarro reconoció que los fiscales de carrera han recibido capacitaciones y “eso se tiene que ponderar”, “y todos esos factores cuentan” a la hora de evaluar a este tipo de funcionarios.
El objetivo de aplicar las pruebas de confianza en el MP es que esta medida se replique en otras instituciones vinculadas a la aplicación de justicia, dijo.
“Andamos buscando que se estandaricen las pruebas a todos los operadores de justicia, lo que se aplique a jueces en su campo se aplique a policías en su campo”, explicó.
La Comisión Interventora deberá presentar un primer informe de su trabajo al Congreso Nacional el 18 de mayo y el último el 18 de junio cuando termine su gestión.
