El Ministerio Público (MP) deviene obligado a reorientar su accionar en el ejercicio de la acción penal.
Una resolución que emitió la Sala Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), puso en evidencia cómo el ente acusador enfoca su actuar en combatir delitos que pueden solucionarse por otra vía desjudicializadora, como el procedimiento abreviado o criterio de oportunidad.
El caso que expone la Sala Penal refiere cómo el MP llegó hasta al final en un proceso judicial que demoró cuatro años, período en el que acusó a un menor por el robo de 106 lempiras y un celular. “Para poder asegurar una persecución penal eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad y el combate a la criminalidad, corresponde también en la práctica al ente acusador definir una política institucional en que se priorice la persecución de determinados delitos según su gravedad e impacto social, en todas sus instancias hasta llegar a la casación, pues siempre, en cualquier sociedad, las actividades ilícitas superan la capacidad de respuesta de cualquier sistema punitivo y sus limitados recursos”, cita la resolución de la Sala Penal.
Y es que, de acuerdo a los reportes que maneja la CSJ, el 38 por ciento de las acusaciones que ingresan a los Juzgados pueden ser conciliables. Sin embargo, los jueces conocen las mismas, lo que implica mayor carga procesal, destinar tiempo en resolverlos y erogación de recursos del Estado.
Entre los delitos que se pueden conciliar están las amenazas, lesiones, el homicidio culposo y violencia intrafamiliar, entre otros.
Los fiscales generales, Óscar Chinchilla y Rigoberto Cuéllar, estamparon su compromiso de definir una verdadera política de persecución penal. Esa será una prioridad, dijo Cuéllar.
Demandas
La fiscal especial de la Mujer, Irma Grissel Amaya, confía que los nuevos fiscales generales cumplan con definir una política de persecución criminal. Ésta incluye enfocar esfuerzos en investigar delitos graves o que ocasionan impacto a la sociedad.
La nueva política se definirá con el equipo de fiscales, en base a las atribuciones y facultades del MP. El exfiscal contra la Corrupción, Juan Carlos Sánchez, deploró que el no contar con una política de persecución penal es uno de los problemas que afronta el MP.
“No tiene definida una verdadera política criminal en relación a cuál debe ser el seguimiento que debe dársele a los casos, la forma como debe darse ese seguimiento y la priorización que debe haber en relación a las denuncias que se presentan para investigación”, dijo. Para Sánchez resulta irrisorio que el MP ofrezca un aparato de investigación para acusar a alguien por el robo de 106 lempiras.
El representante de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Josué Murillo, ve correcto el llamado que hizo la Sala Penal al MP. “Uno de los problemas que vemos como ciudadanía es que no hay una verdadera política, eso va a ser subsanado en los próximos meses por las nuevas autoridades del MP”, manifestó.
En su criterio es irrisorio que en vez de perseguir al crimen organizado, actos de corrupción, los fiscales sean implacables en delitos de bagatela.
“Hay que pedirles resultados concretos a los fiscales, en los casos paradigmáticos”, dijo.
Otro de los que demanda definir una política de persecución criminal es Ramón Custodio, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
