TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público (MP) denunció este martes que la defensa del exalcalde de Talanga, Roseevelt Avilez y su familia, buscará que un Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional les favorezca con un sobreseimiento definitivo en el caso que enfrentan desde octubre del año pasado.
A través de un comunicado, el MP hizo pública su negativa ante la posible absolución de los señalados, pues sostiene que existen sufucientes indicios y pruebas para asegurar que todos ellos están vinculados con el delito de lavodo de activos y nexos con el narcotráfico.
La audiencia fue convocada este martes a las 8:30 de la mañana y en ella se buscaba beneficiar con un fallo absolutorio al exalcalde Roosevelt Avilez, su esposa, Nancy Mareyil Santos Ríos, su suegra Esperanza Ríos Zúniga, su hermana Fadde Saroginy Avilez López y su cuñado Cesár Vladimir Leiva Ríos.
De acuerdo a la denuncia del MP, la postura de la defensa se basa en las reformas hechas el año pasado a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, pero según el ente investigativo, esto no procede, pues “en este caso particular las operaciones y el blanqueo de capitales del clan Avilez están vinculados directamente a las actividades de narcotráfico que por años dirigió Juan Ramón Matta Waldurraga (con orden de captura y proceso de extradición tramitado por la Fiscalía de Honduras), estableciéndose, por tanto, como delito precedente el tráfico de drogas a gran escala”.
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Captura y prisión para los Avilez
Un equipo de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) capturó el lunes 18 de octubre de 2021 al entonces alcalde de Talanga, Roosevelt Avilez, durante allanamientos realizados en el marco de la ‘Operación Real’.
La detención del edil ocurrió en San Pedro Sula, según confirmaron a EL HERALDO funcionarios de la DLCN. De igual forma se capturó a su hermana, su esposa y la madre y el hermano de su esposa. Todos ellos guardan prisión desde ese día, en lo que se desarrolla el proceso correspondiente.
A la familia se le señala por lavado de activos superior a los 367 millones de lempiras, razón por la cual se les aseguraron 131 bienes inmuebles, 43 vehículos y tres sociedades mercantiles, bienes que fueron puestos a las órdenes de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI); además, en la operación para su detención se ejecutaron 11 allanamientos de morada y cuatro inspecciones a negocios en las ciudades de Tegucigalpa, Talanga, San Pedro Sula y Puerto Cortés.
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