Honduras

Ley fracasó al no haber emergencia carcelaria

A 16 meses de publicarse en La Gaceta un decreto de emergencia por colapso en nueve cárceles, el gobierno no invirtió nada para solventar la calamidad

    07.04.2014

    Al parecer en el gobierno se tiene distinta óptica para definir lo que es una emergencia.

    En el papel pareciera plasmar la problemática real del sistema penitenciario en el país, lo que no se traduce en una realidad que permita a los privados de libertad cumplir su pena en condiciones aceptables.

    El 15 de octubre de 2010 se publicó en el diario oficial La Gaceta el Decreto Ejecutivo PCM-032-2010, que declara estado de emergencia en nueve centros penales del país, al estar colapsados.

    La normativa se aprobó en Consejo de Ministros, presidido por Porfirio Lobo Sosa.

    Han transcurrido 16 meses desde que el decreto de emergencia entrara en vigencia, pero no se ha colocado un tan solo ladrillo en los nueve centros penales.

    “Con la finalidad de atender la grave problemática de los centros y establecimientos penitenciarios ubicados en las ciudades de San Pedro Sula, Santa Bárbara, Puerto Cortés, La Esperanza, El Progreso, Trujillo, Yoro, La Ceiba y Puerto Lempira, se declara estado de emergencia, al amparo del artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado, sobre el sistema penitenciario del país, particularmente sobre los centros y establecimientos penitenciarios ubicados en las ciudades antes mencionadas, hasta por un plazo de ocho meses prorrogables”, cita el artículo uno del decreto PCM 032-2010.

    Se conoció de una prórroga de la normativa, que vence en este mes.

    Con la emisión del presente decreto el gobierno autorizó a la Secretaría de Seguridad para que mediante el procedimiento de contratación directa celebre contratos de obra pública, suministro de bienes o servicios y de consultoría que sean necesarios.

    El presupuesto para las contrataciones directas autorizadas no fue concertado con la Secretaría de Finanzas.

    La ley dispuso comunicar el decreto al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para los efectos de auditar si las contrataciones que se efectuaran se basaban en la Ley de Contratación del Estado.

    “Con el fin de asegurar el fiel cumplimiento de lo prescrito en el presente Decreto y la transparencia en los procedimientos de contratación directa que deberá llevar a cabo la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad esta deberá brindar un informe detallado de los contratos suscritos al Tribunal Superior de Cuentas y a los comités locales pro construcción de los centros y establecimientos penitenciarios y así mismo, suministrar cuanta información solicitada”, cita el artículo tres.

    En la normativa se instó a autoridades del sector público, judicial y municipal el apoyo requerido para lograr las finalidades del decreto.

    Sin provecho

    La declaratoria de emergencia la emitió el gobierno sin contar con recursos económicos para las contrataciones.

    Previo a que el decreto entrara en vigencia EL HERALDO plasmó en una serie de reportajes la calamidad de los centros penales del país. El tiempo transcurrió y las condiciones de los nueve centros penales lejos de mejorar, empeoraron. Con ello se desaprovechó el estudio que realizó el director de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos, Danilo Orellana, hoy suspendido del cargo por instrucción de la Presidencia de la República.

    Orellana logró hacer un diagnóstico de los nueve recintos penales, con el ánimo de solventar la problemática que cada una enfrenta. Se pretendió mejorar las edificaciones en los centros penales de San Pedro Sula, Santa Bárbara, Puerto Cortés, La Esperanza, El Progreso, Trujillo, Yoro, La Ceiba y Puerto Lempira, con respecto a su sistema eléctrico, agua potable, alcantarillado, techos y pisos, que permitan un alojamiento digno de los internos.

    El deterioro total de sus instalaciones, la creciente población penitenciaria provocó un hacinamiento que se traduce en violaciones de derechos humanos, al poner en peligro la vida, integridad física, psíquica y moral, salud, educación, reinserción social y seguridad de los internos y del personal que labora en dichos centros penales.

    A pesar de gestiones realizadas no se concretó ofrecimientos de apoyo internacional. Muchos cuestionan una negligencia gubernamental, al tolerar que las cárceles del país sigan siendo una ‘bomba de tiempo’; de no adoptarse medidas concretas son altas las posibilidades que se repita la tragedia acontecida en la granja penal de Comayagua.

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