Una poderosa red criminal de altos oficiales de la Secretaría de Seguridad se ha encargado de asignar a los titulares de jefaturas policiales en el país a cambio de cuantiosas cantidades de dinero.
Una veintena de unidades policiales son las más apetecidas y por las cuales el interesado en dirigirlas paga cientos de miles de lempiras a un selecto grupo de la jerarquía policial, de acuerdo con informes proporcionados a EL HERALDO.
El oficial de Policía que compra una plaza paga entre 20 mil, 100 mil o 200 mil lempiras mensuales, dependiendo de lo productivo que sean, a los mafiosos agentes de rangos superiores.
A EL HERALDO fue relevada la lista de las comisarías más codiciadas por elementos corruptos que ven en estas dependencias una mina de oro para enriquecerse mediante operaciones ilícitas.
Las jefaturas son las de Tocoa y Bonito Oriental (Colón); La Ceiba (Atlántida);Yoro (Yoro); Ocotepeque (Ocotepeque); y las jefaturas metropolitanas del Distrito Central y San Pedro Sula. Igual las de Olancho.
En el caso de la Jefatura Metropolitana del Distrito Central cuenta con siete distritos, de los que tres: La Granja, Belén
y El Edén son donde mayor corrupción ha habido y los que más se “cotizan” en el oscuro mercado de plazas policiales.
También forman parte de esta nómina las jefaturas de Tránsito de San Pedro Sula, La Ceiba, Danlí (El Paraíso); Choluteca; Siguatepeque (Comayagua) e Islas de la Bahía. Asimismo, se venden los puestos de jefes policiales preventivos de Siguatepeque, Islas de la Bahía y jefe policial municipal de El Paraíso (Copán), entre otros.
Al comprar el puesto de jefe en estas unidades, el oficial de Policía tiene “luz verde” para actuar a sus anchas y operan como una red criminal donde cometen desde sicariato, secuestro y robo de vehículos.
Los oficiales policiales tienen alianzas con narcotraficantes de las zonas, incluso son los que se encargan de dar seguridad al transporte interno de la droga.
“Esto es un burdel, el que mejor paga goza del derecho de usar el uniforme para cometer delitos”, dijo la fuente.
Los jefes policiales, al pagar su derecho a la membresía de esta organización delictiva, están autorizados a cobrar a bandas criminales por dejarlas operar en sus circuitos.
De igual manera, los policías que manchan el uniforme cobran el “impuesto de guerra” a negocios.
En sus operaciones, los oficiales encargados identifican a las bandas del crimen organizado y los pequeños capos de la droga que operan en su jurisdicción, con quienes traman una relación para operar en la impunidad.
En algunos de los casos, como en Olancho, Copán, Cortés, Ocotepeque, Santa Bárbara y Colón, que son sectores indicados como corredores de la droga, la policía actúa en la protección del trasiego, montando operativos para dar seguridad al tránsito de estupefacientes y armas.
EL HERALDO conoció un informe en donde se detalla que hay un grupo de oficiales asignados al cuartel de Casamata, sede de la Secretaría de Seguridad, dedicado a este tipo de extorsión.
Una camioneta verde, vidrios polarizados y sin placas es usada por los oficiales que trabajan en Casamata para movilizarse a los lugares en donde cobran el “impuesto de guerra”.
Según estos mismos informes, quienes se niegan a caer en esta red de corrupción y no pagan por esos cargos son relegados a puestos administrativos intermedios.
El presidente Porfirio Lobo removió la cúpula policial, cambió a los jefes de las direcciones, incluyendo al ahora exdirector de la Policía Nacional, José Luis Múnoz Licona y en su lugar nombró a Ricardo Ramírez del Cid.
La sacudida se debió a la presión que se generó por la muerte, supuestamente a manos de elementos policiales, de dos estudiantes universitarios en la capital.
Las víctimas son Rafael Alejandro Vargas Castellanos, hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, y Carlos David Pineda.
La Fiscalía de Derechos Humanos
acusó a ocho policías
que estaban asignados a la posta de La Granja por suponerlos responsables de ese hecho.
Cuatro de estos ya recibieron auto de prisión, pero los otros cuatro restantes están prófugos
debido a que la Policía les autorizó salir del encierro preventivo que tenían y no regresaron a sus puestos de trabajo.
La Secretaría de Seguridad intervino el distrito policial de La Granja, conocido como “El cartel de La Granja” y contempla hacer lo mismo con el de Belén y El Edén en los próximos días.
Informes confidenciales en poder de EL HERALDO señalan que estos distritos policiales los ha dominado un subcomisionado de Policía asignado a la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI), que recibió ayuda de un exjefe de la Policía Nacional para cometer una serie de fechorías.
El exjefe policial es líder de una banda de traficantes de droga en el occidente del país, según la fuente.
El nuevo director de la Policía Nacional se reunió la semana pasada en San Pedro Sula con oficiales que coordinan jefaturas para indicarles que “ los cobros se deben de terminar”, aseguró la fuente.
Así se opera en las jefaturas que son compradas
Derecho a delinquir
Los oficiales que pueden pagar por ser asignados a puestos importanres tienen “luz verde” para cometer delitos en perjuicio de la población. Tambien se alían a grupos criminales para asaltar a la población.
Los 'purgados'
Quienes no pagan, porque no tienen dinero o se opongan a la corrupción, entonces son relegados a puestos administrativos de relativa importancia en jefaturas consideradas poco lucrativas.
Cobros
En jefaturas de Comayagüela se hacen cobros a cantinas y bares de hasta diez mil lempiras como pagos por protección y para que puedan vender drogas sin el temor de que se hagan operativos policiales.
Corrupción total
Existe una red desde la alta oficialidad que se dedica a varias actividades ligadas al crimen. Nuevas autoridades conocen de estos delitos, pero no han decidido hacer nada para desarticularla.
