Programa de resiliencia
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) iniciará una investigación orientada a confirmar el destino de 600 millones de lempiras supuestamente despilfarrados en el anterior gobierno de Honduras.
La suma corresponde a deuda flotante que se habría gestionado de manera ilegal en el gobierno liberal de Manuel Zelaya y Roberto Micheletti.
“El Tribunal se apresta a realizar auditorías forenses de la deuda flotante en este país, que es de 600 millones de lempiras”, expresó la presidenta del TSC, Daysi de Anchecta.
La deuda flotante son compromisos financieros adquiridos por el gobierno, sin imputación presupuestaria.
Presuntamente se autorizó la realización de proyectos y contrataciones de personal sin soporte presupuestario.
Las mismas adquieren obligatorio cumplimiento de pago, dada la existencia de un contrato suscrito por el gobierno con una empresa o servidor público.
“Esto significa gastos que se hicieron sin imputaciones presupuestaria, o sea, personas que fueron funcionarios públicos en gobiernos anteriores irresponsables que dijeron: ‘vamos a hacer este gasto, lo hicieron, y no tenían presupuesto”’, manifestó.
Las instituciones que serán examinadas serán Salud, Soptravi y el FHIS.
Las auditorías forenses se practicarán en respuesta a una denuncia que el año anterior interpusiera el entonces ministro de Finanzas, William Chong Wong, con instrucciones directas del presidente Porfirio Lobo Sosa.
La denuncia, con la prueba documental aportada por Chong Wong está celosamente custodiada en una caja fuerte.
Debido a la complejidad de la investigación, el TSC se encuentra en proceso de capacitación del personal que se designará a la tarea.
La auditoría está programada para realizarse en unos 15 meses.
Según Anchecta, Soptravi es una de las instituciones donde más se cometen actos de corrupción. “Es una entidad de alto riesgo para el Tribunal”, dijo.
Responsabilidades
De las auditorías concluirá si procede o no deducir responsabilidades de índole penal, civil o administrativo.
Sin embargo, las autoridades del ente contralor visualizan la existencia de alguna responsabilidad de tipo penal, por la comisión de delitos como malversación de caudales públicos, fraude y abuso de autoridad, entre otros.
En caso de ser así, el TSC remitirá el informe a la Fiscalía contra la Corrupción para que interponga la acusación ante los tribunales de justicia, contra los que aparezcan como responsables.
“Creo que va a ser en materia penal, ojalá que si se convierte en materia penal, que no se nos falle en contra porque están debidamente documentados”, manifestó la magistrada.
