Lo que parecía un ambiente de relativa calma en el campo -a excepción del sector del Aguán- ahora parece ser una bomba cuyo detonador está en manos políticas, según se ha denunciado desde el mismo Instituto Nacional Agrario (INA).
La situación del agro en Honduras se ha vuelto a agudizar con las tomas masivas de tierras por parte de grupos campesinos.
El fondo, además del político, persigue también intereses personales, ambiciones y como cubierta las necesidades básicas de los labriegos.
Los protagonistas en esta ocasión son la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (Anach), Vía Campesina, Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina de Honduras (Codimca), Unión Campesina e Indígena de Honduras (UCIH), Asociación para al Desarrollo de Honduras (Adroh), Movimiento Campesino de San Manuel, Frente Nacional de Jóvenes Campesinos e Indígenas y Articulación Campesina.
Estos grupos promovieron la toma, en las últimas 24 horas, de 12,012 manzanas donde están asentadas unas 2,765 familias.
“Solo queremos la tierra para sembrar y para ser productivos, queremos ser parte de la solución al problema, pero el gobierno favorece siempre a los grandes terratenientes y a nosotros nos trata como animales, y no es justo porque esta tierra a fin de cuentas nos pertenece y por ella estamos dispuestos a luchar hasta el final”, dijo Jesús Ponce, secretario general de la CNTC.
Las tomas
El martes 17 de abril (coincidiendo con el Día Mundial de Lucha Campesina), a eso de las 2:00 de la madrugada, 2,765 familias, distribuidas en ocho zonas, ocuparon 12,012 manzanas que, en gran parte, se dice son de propiedad privada, pero que los campesinos alegan son de naturaleza nacional.
Estas tomas ocurrieron en seis departamentos: Francisco Morazán, Choluteca, Intibucá, Cortés, Santa Bárbara y El Paraíso.
En Guaimaca, Francisco Morazán, 200 familias ocupan tres mil manzanas; en El Triunfo, Choluteca, 450 familias están posesionadas de 370 y en San Bartolo, Intibucá, cien familias invadieron mil manzanas cuya propiedad alega el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que también son campesinos.
En Cortés se produjeron tres ocupaciones: en San Manuel, 1,500 familias invadieron 5,680 manzanas; en La Lima, cien familias se tomaron 812 manzanas y en Peña Blanca hicieron lo mismo 70 familias con 150 manzanas.
En La Flecha, Santa Bárbara, ocurre una situación similar con 165 familias en mil manzanas, mientras 180 familias hacen lo propio en 250 manzanas en Yuscarán, El Paraíso.
Desalojo
Tras sistemáticas tomas, campesinos comenzaron a ser desalojados pacíficamente en San Manuel, Cortés.
Efectivos policiales y militares cumplieron una orden judicial para que fueran desalojados de los predios de la finca Santa Matilde, propiedad de Cohsa, (Compañía Azucarera Hondureña) y de 12 productores independientes.
El contingente de efectivos militares y policiales se desplazó
a las 2:45 PM a los cinco puntos que desde el martes en la madrugada fueron tomados: El Porvenir, Guadalupe, Campín, Coowle y Bado. No hubo fuerza, un grupo de fiscales, acompañado de policías y militares, les leyeron las órdenes de desalojo.
“Se hicieron las coordinaciones con todas las autoridades y con representantes de los Derechos Humanos para que ellos fueran testigos de las acciones que se ejecutarían en el cumplimiento de la orden judicial de desalojo”, informó Osmán Díaz Santos, jefe departamental de la Policía en Cortés.
El oficial indicó que se decomisaron casi un centenar de machetes que portaban los manifestantes y a cada uno de ellos se les pidieron sus documentos para acreditar su identidad.
A las 4:30 PM la tranquilidad volvía la zona, los miembros de seguridad de las empresas tomaban el control y reiniciaban las actividades que provocaron serias pérdidas en la producción de caña en este punto de San Manuel, Cortés.
Matiz político
Las tomas tomaron un matiz político cuando ayer, el director del Instituto Nacional Agrario (INA),
César Ham, acusó al dirigente campesino, zelayista e integrante del partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Alegría; así como al sindicalista, subcoordinador de la Resistencia y miembro de Libre, Juan Barahona, de estar detrás de estas ocupaciones con la idea de crear una crisis y desestabilizar al gobierno.
“Nos extraña este tipo de acciones porque lo que hacen es entorpecer el proceso que nosotros hemos iniciado”, dijo Ham.
Lamentó que las cosas se hagan “en el marco del desorden, de la anarquía” y, además, de la vieja manera en la que lo ha hecho tradicionalmente la izquierda, “por la vía de la ilegalidad”, porque -durante su administración- se han dado evidencias concretas de que se ha apoyado a los campesinos.
Bajo este contexto, “no nos explicamos por qué hacen este tipo de acciones”, expresó.
Barahona y Alegría, además de ser activos dirigentes de Libre, tienen rencillas personales con Ham.
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Las ocupaciones de tierras también ocurren en momentos en que los partidos políticos, entre ellos Libre, están organizando las planillas de candidatos a cargos de elección popular.
Alegría y Ham aspiran a un cargo dentro de la corriente Fuerza de Refundación Popular (FRP) que disputará los cargos con otras cuatro el 18 de noviembre próximo.
Hay que recordar que se ha mencionado una posible alianza partidaria entre Libre y la UD de cara a la contienda electoral.
El debate y confrontación
Las invasiones de tierras han creado un debate entre dirigentes campesinos y de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh).
El vicepresidente de esta organización, Agenor Navas, general retirado, acusó
-no solamente a los dirigentes campesinos de pretender desestabilizar el agro- sino a Ham y al diputado Marvin Ponce, ambos del partido Unificación Democrática, de ser “lobos de la misma loma” que tienen un odio permanente contra los terratenientes.
Ponce respondió que prefiere ser “lobo de la misma loma con César Ham que ser corrupto de la misma chanchera con Agenor Navas”, exjefe del Estado Mayor Presidencial.
Ponce advirtió a los terratenientes “que la aprieten” porque a través del INA se les aplicará la ley si poseen tierras arriba de los techos autorizados y las mantienen ociosas.
El exministro de Recursos Naturales y promotor de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, Mario Nufio Gamero, dijo que las invasiones no permiten que el país se desarrolle.
La historia y las necesidades
En Honduras hay unas 250 mil familias campesinas que no tienen tierra donde trabajar y 396 mil pequeños propietarios de hasta cinco hectáreas, según estadísticas de las organizaciones campesinas.
El problema agrario está dividido en dos sectores: minifundio (pocas tierras en muchas manos) y el latifundio (muchas tierras en pocas manos). No hay un dato exacto del latifundio.
Las demandas campesinas son viejas. En las décadas de los sesenta y setenta murieron centenares de campesinos víctimas de la represión estatal en confabulación con los terratenientes.
La Ley de Reforma Agraria, creada en 1972, tuvo su principal aplicación en la década de los setenta, cuando los campesinos recibieron unas 400 mil hectáreas.
Del ochenta en adelante, con la llegada al poder de gobiernos civiles comprometidos con el latifundio, la Reforma Agraria comenzó a sentir un declive mientras crecían las familias campesinas.
En 1992, durante el gobierno del nacionalista Rafael Callejas, fue creada la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que sustituyó la Ley de Reforma Agraria. Esto marcó un retroceso en materia de reforma agraria.
Los terratenientes se vieron beneficiados porque el nuevo cuerpo jurídico prohíbe las invasiones.
Los campesinos vienen demandando la derogación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y sustituirla por Ley de Transformación Agraria Integral, presentada al Congreso el año pasado pero no ha sido dictaminada.
Honduras es un país de orden y leyes: Guillén
La ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén aseguró ayer que no existe ninguna política de gobierno encaminada a promover las invasiones de tierra en el departamento de Cortés.
La funcionaria defendió al director del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, quien ha sido cuestionado por alentar a los campesinos a invadir tierras en la zona del Bajo Aguán.
Guillén sostuvo que la posición del gobierno es de respeto irrestricto de las leyes y cuestionó que los últimos acontecimientos registrados en la zona norte del país obedecen a intereses políticos.
“Quiero dejar constancia que estas invasiones en la zona de las azucareras en las últimas horas, no tienen nada que ver con ninguna política que impulse el gobierno a través del Instituto Nacional Agrario, sino que obedecen a motivaciones políticas particulares”, clarificó.
La secretaria de la Presidencia sostuvo que no es justo movilizar los ánimos del sector campesino, orillándolos a hacer invasiones que no tienen ningún espacio, puesto que si las solicitudes de tierra no se hacen dentro del marco de la política agraria y las leyes del país, no proceden.
“Nadie puede estar por encima de la ley y será el INA, junto al ministerio de Seguridad y el Ministerio Público los que deberán determinar los pasos a seguir porque este es un país de orden y de leyes”, remarcó.
Guillén indicó que el gobierno no desconoce que hay necesidad de una política agraria que garantice los derechos de los campesinos y que las tierras ociosas que no estén cumpliendo su función sean otorgadas a los sectores capaces de hacerlas producir.
Gutiérrez suspende debate agrario en el CN
La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, impidió que el tema de la problemática de las invasiones de tierras se debatiera en la sesión del martes anterior.
Gutiérrez suspendió sin dar explicaciones el debate de una moción que presentó el diputado de la Alianza Parlamentaria Nacionalista, Milton Puerto, orientada a exhortar al Poder Ejecutivo a buscar un mecanismo que diera solución al problema del conflicto de tierras.
El diputado Puerto sugirió que el Poder Ejecutivo a través del Instituto Nacional Agrario, las Secretarías de Finanzas, de la Presidencia y la de Agricultura y Ganadería se creara un Fondo para la adquisición de tierras para los grupos campesinos, a fin de evitar las invasiones que se generan todos los años.
La discusión empezaba a nutrirse de ideas, pero sin dar las explicaciones la presidenta en funciones, Lena Gutiérrez, suspendió el debate para dar curso a otro tema.
Ante esa actitud, el diputado Puerto se manifestó en contra de que se haya suspendido el debate sobre la moción amparada en el reglamento interno que otorga plenos poderes a la presidencia del CN. Lamentó que “se sigan cometiendo estos abusos”.
Ante el reclamo, la vicepresidenta dijo que “es una facultad que me da el reglamento interno... así es que si no le parece, con mucho gusto puede presentar un proyecto de decreto donde reforma el reglamento del Congreso Nacional”, sentenció Gutiérrez.
