En busca de una respuesta del Poder Ejecutivo para restringir la operación de la empresa Gas del Caribe, pobladores del municipio de Omoa, ubicado en el departamento de Cortés, al norte de Honduras, realizan este miércoles una protesta en las afueras de Casa Presidencial.
Los miembros de la Gran Alianza por Omoa, solicitan al presidente Porfirio Lobo Sosa, que conforme una comisión del 'Caso Omoa' entre las instituciones locales y los denunciantes, 'para que supervise la situación judicial y administrativa de esa transnacional'.
Los manifestantes exigen que la empresa cumpla con 'nuestras leyes, haber cancelado toda la deuda tributaria, ganado los juicios pendientes y resarcido los daños ambientales y económicos antes de finalizar 2012'.
Al mismo tiempo, demandan que solicite una nueva licencia para su reubicación, respetando el artículo 108 de la Ley General del Ambiente, donde se establece que 'las instalaciones industriales o cualquier otra actividad ya establecida, que en alguna forma se considere que contamine el ambiente, se les concederá un plazo para corregir su situación o para trasladarse a otra zona.'
La licencia otorgada a Gas del Caribe por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) fue sometida a revisión y renovada en a finales de 2010
por las autoridades de dicha institución.
La decisión fue fundamentada en las recomendaciones del Consejo Consultivo Nacional del Ambiente, tras el análisis de 11 denuncias recibidas por la Serna contra Gas del Caribe, de las cuales tres fueron declaradas con lugar.
Organismos ambientalistas interpusieron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para la revisión de la decisión; sin embargo, la Sala de lo Constitucional declaró inadmisible
el mismo, ratificando la renovación de la licencia.
Los pobladores de Omoa aseguran que existe una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitando al Estado de Honduras adoptar medidas cautelares urgentes que reduzcan a un nivel aceptable el riesgo para la vida e integridad física de los 8,000 vecinos de la zona amenazados por Gas del Caribe.
La Gran Alianza por Omoa sostiene que la terminal productora de gas licuado de petróleo construida en el casco urbano de la comunidad, constituye un peligro para la salud de los habitantes y el turismo de la zona.
