A falta de un artículo que quedó en suspenso por discrepancias en el plenario, el Congreso Nacional aprobó anoche la Ley del Sistema Penitenciario.
La nueva ley entra en vigencia a partir de su publicación en el diario La Gaceta y será aplicada a “medias” en algunas disposiciones.
La nueva legislación establece un período de dos años para que una comisión se encargue del proceso de transición al nuevo régimen penitenciario.
Esta comisión se encargará de hacer el traspaso de los bienes, personal de custodia y otros al Instituto Nacional Penitenciario (INP), el que asumirá la administración, control y vigilancia de los 24 centros penales en Honduras.
Según esta legislación, se mejorarán las condiciones y se respetarán los derechos humanos en las cárceles hondureñas.
A pesar de que los actuales centros penitenciarios son una bomba de tiempo, tal y como lo han demostrado el incendio en el penal de Comayagua, que dejó 361 muertos, y el amotinamiento en el centro penal sampedrano, que dejó 13 muertos, la nueva propuesta necesita de una inyección económica de más de 360 millones de lempiras.
Con esta ley se le quita la administración de las prisiones de la Policía Nacional para ser trasladada al Instituto Nacional Penitenciario (INP); se deroga la actual Ley de Rehabilitación del Delincuente, que ha sido el instrumento jurídico por el que se han administrado las prisiones en el país.
La Ley crea el Instituto Nacional Penitenciario (INP) como un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría del Interior y Población y le corresponderá la organización, administración y el funcionamiento de todas las cárceles del país.
Con sede en Tegucigalpa, el INP propondrá y ejecutará la política carcelaria del país y pondrá énfasis en la reinserción social de las personas privadas de libertad.
“El Instituto Penitenciario velará por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa y laboral de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva o cumpliendo penas o medidas de seguridad”.
Además, dicho instituto organizará los cuerpos de seguridad que laborarán en las cárceles y se encargará de formar y adiestrar al personal del sistema penitenciario nacional, así como promover actividades de especialización, actualización y de promoción para su mejoramiento profesional.
El consejo directivo del INP estará integrado por los secretarios del Interior y Población, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; un representante de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles que trabajan a favor de la población privada de libertad y un miembro de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).
Policía corrupta perderá el control
La Policía Nacional, contaminada por la corrupción y ligada al crimen organizado, finalmente perderá el control de los centros penales.
Desde que asumieron la seguridad de los mismos, la crisis penitenciaria se ha agudizado, al extremo de contabilizar casi una decena de masacres en las que han perdido la vida centenares de personas.
La prueba más tangible de la colusión de policías con bandas que operan al interior de los recintos penales es que casi cada semana se decomisan armas, drogas, granadas y material explosivo.
La pregunta que se hacen los defensores de derechos humanos es cómo ingresan a los penales estos productos y artefactos. En el reciente motín de San Pedro Sula, los reos hicieron uso de armas de fuego para acabar con las vidas de otros.
