TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Juzgado de Letras en Materia de Corrupción dictó este lunes -26 de septiembre- medidas distintas a prisión para la representante legal en Honduras de la empresa DLX Enterprises LLC, Mirna Luz Romero Majano.
Romero Majano es acusada de participar en la presunta corrupción en la adquisición del hospital móvil instalado en Villanueva, Cortés durante el inicio de la pandemia contra el covid-19 en marzo de 2020.
Ella es la representante legal de DLX Enterprises en el país, empresa a la cual se le compró el bien por más de 5 millones 560 mil lempiras.
Según lo informado por el Juzgado, la imputada Romero Majano rindió una garantía a favor del Estado por un bien inmueble valorado en ocho millones de lempiras durante esta primera audiencia.
Cabe destacar que el Juzgado emitió una orden de captura con alerta roja internacional para requerir a Mirna Romero.
La audiencia inicial para la representante legal quedó programada para el próximo 6 de octubre, según lo informó el Poder Judicial.
De acuerdo con las informaciones en poder de los fiscales es que Mirna Luz Romero salió hacia Estados Unidos desde el pasado mes de julio y desde entonces no había retornado.
La FETCCOP de San Pedro Sula y agentes de investigación de los delitos en contra de la administración pública y patrimonial de la ATIC, confirmaron que las transferencias que el gobierno hizo a DLX Enterprises LLC por concepto de pago de las carpas y toldos móviles, se realizó de la siguiente manera: un adelanto de $.33,502.97 el 2 de marzo de 2020, siete días después $.78,173.61 y una última el 17 de marzo de 2020 por $.111,676.58.
Además, con las inspecciones de campo y pericias de expertos de ingeniería civil y biomédica, se acreditó que el proyecto fallido se instalaron en un predio de tierra (campo de fútbol) inundable, sin estudios topográficos, ni mucho menos contar con equipo médico tecnológico para el tratamiento de enfermedades pulmonares como el coronavirus.
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Caso “Carpa móvil”
El caso está relacionado a la suscripción de un contrato para la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para el combate al covid-19 en Villanueva, Cortés, por el cual se erogaron casi seis millones de lempiras (L.5,560,278.21), pero, lo que se instaló nada más fue una carpa que no cumplía ni los requisitos básicos o mínimos para atender pacientes en momentos críticos de la pandemia.
Conforme a la investigación del Ministerio Público, los encausados se coludieron para defraudar las arcas públicas y beneficiar a la empresa que lo que entregó fueron toldos y camillas de campamento, estableciéndose que en fecha el 28 de febrero de 2020 se giró la solicitud de la adquisición del hospital y salas de aislamiento móviles, alterando documentación y violentando una serie de procedimientos y protocolos legales, todo ello en un tiempo récord de dos días.
