Al crear la figura del juicio político, ahora el Congreso Nacional (CN) sí puede despedir legalmente a magistrados del Poder Judicial.
Al aprobar esta figura, los diputados argumentan que se define un mecanismo al Legislativo para investigar y sancionar a altos funcionarios del gobierno. Para expertos, con la aprobación del juicio político el CN da a entender que antes no tenía un sustento legal para investigar y destituir a magistrados de la CSJ, como así lo hicieron el pasado 12 de diciembre cuando despidieron a cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
“Indudablemente lo que viene a demostrar el juicio político es que cuando los diputados aprobaron la destitución de los magistrados era improcedente, fue completamente ilegal”, manifestó José Antonio Ávila, de la Barra de Abogados Hondureños Anticorrupción.
Como abogado, dijo que entiende un juicio jurídico, que un juicio político no está a su alcance. “En realidad es una manifestación más de la corrupción que existe en el país, de la inseguridad jurídica que prevalece en Honduras”, afirmó.
Califica al juicio político como “una artimaña más del actual gobierno”. “Lamentablemente, diputados que considerábamos que eran de la línea progresista se han identificado plenamente con este señor, Juan Orlando Hernández, que tanto daño le ha causado a este país”, concluyó Ávila.
Dictadura
Otro abogado, Jari Dixon, comparte que al crear el juicio político el CN admite que su decisión de despedir a magistrados fue ilegal.
“Ellos mismos (diputados) se dan con la piedra en los dientes, como dicen, al legalizar, al crear este instrumento jurídico, están diciendo que todo lo que han hecho en el pasado a sido ilegal”, manifestó Dixon, quien es miembro de la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho.
“El juicio político en malas manos se podría convertir en un arma muy peligrosa de coacción, de una dictadura a aquellas instituciones que verdaderamente quieren hacer oposición”, advirtió, quien a su vez deploró que se dé más poder al CN.
“Podríamos estar camino a una dictadura”, vaticinó.
Lejos de aplicar el juicio político propuso el referéndum revocatorio, para que sea el pueblo quien decida el futuro de un funcionario.
Por su lado, la regidora capitalina Doris Gutiérrez manifestó que “todo lo que está haciendo ahorita el CN es lo que cierto momento dijeron que era incorrecto e ilegal, ahora lo están avalando y legalizando”.
Calificó el juicio político como “un zarpazo más para la participación popular”, al evitar que el pueblo decida y el CN se convierte en juez y parte.
