Nota de la Redacción
Para garantizar la credibilidad de una información, la Unidad de Investigación de EL HERALDO certifica que cada dato suministrado sea confirmado por al menos dos o tres fuentes informativas. Si las fuentes consultadas coinciden y dan crédito a la información, la misma procede a publicarse, caso contrario, se descarta.
Este mecanismo de filtración es el que ha permitido que las investigaciones de EL HERALDO sean 100 por ciento confiables y verificables.
Tegucigalpa. Informes de Inteligencia a los que tuvo acceso exclusivo EL HERALDO revelan que las armas que fueron robadas del Escuadrón Cobras, en agosto pasado, fueron traficadas hacia Guatemala por una red de narco-oficiales que se entronizó desde hace varios años en la propia Secretaría de Seguridad y que ha extendido sus tentáculos a todas las escalas del cuerpo policial.
El pasado lunes, la Unidad de Investigación de EL HERALDO reveló que al menos 300 Fusiles Automáticos Ligeros (FAL) y 300,000 proyectiles calibre 5.56 milímetros, fueron robados del Escuadrón Cobras que se ubica en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa y que los mismos estarían en manos de narcotraficantes, pandilleros o grupos subversivos, específicamente en el Bajo Aguán.
Esta información, que pone al descubierto el grado de corrupción que impera en la cúpula policial, fue reconfirmada por EL HERALDO con diversas fuentes informativas, quienes coincidieron en que las armas de grueso calibre sustraídas del escuadrón mejor resguardado, en realidad nunca se quedaron en el país.
La operación fue ejecutada por oficiales de Policía que han sido mantenidos en sus cargos, pese a que la Secretaría de Seguridad los tiene plenamente identificados.
Las propias autoridades policiales reconocieron la semana pasada que, pese a que en el Escuadrón Cobras se reportan dos robos masivos de armas, uno en 2007 y otro en agosto pasado, a la fecha no hay oficiales suspendidos, los informes de investigación nunca fueron terminados y los casos no fueron remitidos al Ministerio Público, en el tiempo oportuno, para que se hicieran las diligencias investigativas correspondientes.
En el caso del robo de armas en 2007, cuando fungía como ministro de Seguridad el general Álvaro Romero (QEPD), en la gestión de Manuel Zelaya, fueron sustraídas 186 armas. De este armamento, 98 eran fusiles Pietro Beretta, 40 fusiles Galil, nueve fusiles M-16, cinco lanzagranadas-gas, 32 pistolas CZ y dos pistolas Pietro Beretta.
El informe de investigación de este caso, que ocurrió hace cuatro años, curiosamente no ha sido concluido y ningún oficial fue siquiera suspendido.
En agosto de 2011 (hace poco más de dos meses), cuando fungía como ministro de Seguridad Óscar Álvarez, fueron sustraídos del mismo escuadrón Cobras al menos 300 fusiles FAL y un aproximado de 300,000 proyectiles calibre 5.56 milímetros.
Todo este armamento, que estaba asignado a la Policía cuando era una rama más de las Fuerzas Armadas, permanecía depositado en contenedores que solo podían abrirse con orden superior y por escrito.
Estos contenedores fueron inspeccionados la semana pasada por las autoridades del Ministerio Público, comprobándose que en los mismos solo hay basura y armas hechizas (chimbas), las que eran construidas de forma artesanal por pandilleros en los tiempos que era difícil obtener un arma de fuego convencional, oficial o comercial.
Por este caso, que se pretendió ocultar en un supuesto afán de proteger a los oficiales corruptos involucrados, no hay oficiales suspendidos y la comandancia de los Cobras afirma que aún no termina el inventario, pese a que el robo se perpetró hace casi tres meses.
A su retorno de Estados Unidos, el exministro de Seguridad, Óscar Álvarez, aseguró que el hasta hace poco director de la Policía Nacional, José Luis Muñoz Licona, nunca le informó de este robo de armas.
Las armas “estaban en los Cobras, salieron de los Cobras, una de las unidades más cuidadas de la Policía Nacional y aun así no me reportaron. Es una falta grave porque sabían que debía tener un reporte por escrito, yo hubiera procedido con todo el peso de la ley y no hubiera dejado ninguna piedra sin mover para meter a la cárcel a los involucrados”, indicó el ex funcionario desde el aeropuerto Toncontín.
“Es una falta grave y recuerden que el que tiene el control de las armas es la Policía y sobre todo los Cobras, y que se haya descubierto por parte de ellos que se habían ido sin reportarme a mí, es una falta gravísima porque sabían que yo no iba a escatimar esfuerzos para meter a la cárcel a los que cometieron este delito que está amenazando la seguridad de nuestro país”.
“Operación Casamata”
Según los informes de contrainteligencia, para que las armas salieran del Escuadrón Cobras, solo había dos formas: mediante un asalto armado a la sede policial o con una orden por escrito, que tuvo que haber venido directamente de Casamata.
El asalto armado nunca ocurrió, por lo que, los cuerpos de contrainteligencia aducen que todo el armamento salió mediante orden escrita, siendo sustraído incluso en vehículos oficiales de la Policía Nacional, como establecen los procedimientos.
De ahí que los oficiales asignados al Departamento de Logística de la Policía Nacional, que permanecen en Casamata, estén en primera línea de investigación.
Esta orden por escrito tuvo que haber sido recibida por un Clase encargado de la bodega de armas de los Cobras. EL HERALDO intentó establecer comunicación con este Clase, sin embargo, las autoridades policiales se negaron a revelar su nombre y su paradero.
La investigación establece que una vez sustraídas las armas del escuadrón policial, fueron movilizadas en vehículos particulares con compartimientos falsos hacia la frontera con Guatemala por un comisario cuyo nombre se mantiene en reserva, ya que corresponde a las autoridades de investigación acusarlos debidamente.
La indagación, además, está dirigida al Calpo, organismo que tiene bajo su égida las bodegas de armas y uniformes de la Policía Nacional, cuyas oficinas están ubicadas frente a la Universidad Católica de la capital de la República.
En primera línea de investigación, también se ubican estos oficiales de Policía que facilitaron el tráfico de armas, algunos de ellos, incluso, habían sido previamente investigados por un supuesto robo de al menos 100 fusiles en el propio cuartel general de Casamata.
Estas investigaciones no habrían prosperado por órdenes directas de oficiales entronizados en Casamata.
Una vez fuera de las instalaciones policiales, las armas se depositan en compartimientos falsos de vehículos pick-up. Usualmente acompañan policías vestidos de civil en la caravana que lleva las armas. La “operación hormiga” puede demorar varias semanas o meses, ya que hay que superar retenes policiales montados por policías que no pertenecen a la red de narco-oficiales.
Para el caso, una de las operaciones de tráfico de armas hacia Guatemala falló en diciembre de 2007 (días después del primer robo de armas de los Cobras). Ahí, la Policía incautó 10 fusiles Pietro Beretta y un fusil Galil que iban ocultos en un compartimiento falso de un pick-up, color verde, año 1998.
Este vehículo, que era conducido por una persona de nombre Enrique, fue requerido en un retén policial en Santa Bárbara. Al percatarse que el retén desconocía el tráfico de armas, huyó a veloz carrera dejando el vehículo abandonado. El sospechoso fue capturado en un paraje del valle de Tencoa.
En mayo de 2011, policías también asestaron un golpe a la banda criminal ligada al narcotráfico. Esta banda tenía en su poder cuatro fusiles, entre ellos, un Galil, un M-16 y Pietro Beretta, todos con sus respectivos cargadores y municiones. Además, se les decomisó una pistola CZ de 40 milímetros. Las cuatro armas coinciden con armamento que ha sido sustraído de las bodegas de los Cobras. Sin embargo, no se ha informado si las series coinciden con las que estaban bajo custodia en esa sede policial.
Lo que los órganos de contrainteligencia advierten es que las armas robadas fueron negociadas con el cartel de Los Zetas, que son los que se dedican al tráfico ilegal de armas en Centroamérica para la guerra que mantienen con las fuerzas militares de Guatemala y México.
Originalmente, Los Zetas es un grupo armado, conformado por exmilitares al servicio de los carteles del narcotráfico. Sin embargo, con los años han sufrido una metamorfosis hasta convertirse también en distribuidores y traficantes de drogas.
