TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La flama de las protestas hizo ignición una vez más. Ayer los predios de la Alcaldía del Municipal se convirtieron en la trinchera de un notable grupo de personas.
La chispa que aglutinó a múltiples organizaciones fue la apertura de ofertas para la construcción de un reservorio de agua en el sector de Rancho Viejo, dentro del Parque Nacional de La Tigra.
Desde tempranas horas del miércoles, el plantel de la comuna en la colonia 21 de Octubre fue el epicentro de protestas de los habitantes de los alrededores de la zona protegida.
Entre sus consignas exigían la cancelación inmediata del permiso de construcción y licencia ambiental para el proyecto Bosques de Santa María, por considerarlo nocivo para La Tigra.
Tatiana Lara, integrante de la Comisión Pro-Defensa de las Comunidades de La Tigra, explicó que el actuar de las autoridades capitalinas es parte del “proceso de concesión” del agua que emprendió la comuna.
Por su parte, Manuel Amador, presidente de las Juntas de Agua, advirtió que el reservorio no tiene como fin palear la crisis de agua en la capital, sino abastecer del vital líquido al megaproyecto habitacional.
“A 200 metros del reservorio comienza la construcción de Condado Santa María, qué casualidad, no”, cuestionó.
“Sin nexos”
Sobre el “vínculo” señalado por los denunciantes, el gerente de desarrollo de Bosques de Santa María, Roberto Galeano, explicó que el depósito de agua que estará en otro sector “no tiene nada que ver” con el
proyecto habitacional.
“Nosotros no estamos en la zona de amortiguamiento de La Tigra, estamos en el kilómetro cuatro de la carretera hacia Valle de Ángeles. Decir que ese reservorio es para favorecernos es incorrecto”, declaró.
Para desligar el nexo denunciando, Galeano adelantó que el suministro de agua para el proyecto habitacional será “mediante la explotación de aguas subterráneas” y eso no tiene nada que ver con la obra de captación que desarrollan las autoridades edilicias.
Más allá de lo explicado, mencionó que seguirán abiertos para dialogar con las personas que promueven la defensa de los recursos naturales.
“No estamos en La Tigra, no quitaremos agua y no suponemos una amenaza, de hecho reforestaremos grandes extensiones de tierra”, finalizó.
En descargo, el alcalde Nasry Asfura garantizó que no existe la “privatización” y el proyecto habitacional se otorgó con base en la ley. “Inventan cosas, los documentos son públicos, los repartí como naipes”, explicó antes de repetir que continúa esperando los dictámenes del Ministerio Público y el Congreso Nacional.
Según el edil, el agua “no tiene nombre” y las licitaciones están encaminadas a beneficiar a todos los ciudadanos.
Mientras la polémica toma fuerza, la Fiscalía del Ambiente aún no emite el dictamen que revelará si el permiso es legal o ilegal, asimismo no hay una fecha para que se pronuncie.
En el Poder Legislativo se otorgó una prórroga de dos meses para que la comisión nombrada para indagar el tema emita su dictamen; en febrero podrían emitirlo.
