El choque entre una motocicleta y una patrulla policial, que dejó como saldo la muerte de un joven, fue la causa de que un grupo de enardecidos pobladores de San Marcos, Santa Bárbara, quemaran el vehículo de la Policía Nacional y parte de las instalaciones de la Jefatura policial de esa comunidad.
El accidente vial se produjo cerca de las 9:00 PM cuando en la patrulla se conducían varios policías y militares a realizar patrullajes de rutina. Al momento en que transitaban por el puente de San Marcos, el joven motociclista habría hecho una maniobra de adelantamiento a otro vehículo sin percatarse que en el carril contrario iba la patrulla, por lo que impactó de manera frontal y murió en el acto. El fallecido fue identificado como Maynor Geovany Reyes Ramírez (18).
A los pocos minutos de registrado el accidente, familiares y amigos del joven se presentaron a la escena e intentaron agredir a los uniformados, por lo que estos se alejaron del lugar. En un acto de enojo, los pobladores prendieron fuego a la patrulla, la cual quedó completamente destruida. Al ver los actos de violencia cometidos por al menos 80 personas, los uniformados se trasladaron a la estación policial, en donde informaron de los hechos a sus superiores y en ese momento llegó la turba, quienes procedieron a quemar otra patrulla que estaba estacionada en el parqueo de la posta y luego de romper las puertas ingresaron al establecimiento, quemando lo que estaba en el interior.
Investigación
Leonel Sauceda, portavoz de la Secretaría de Seguridad, afirmó que la muerte del joven fue accidental y no por un hecho intencional. Sin embargo, las autoridades policiales interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el accidente en el cual falleció el joven y así constatar de que no fue algo intencional. Además solicitaron que se investigue quiénes fueron las personas que incendiaron las dos patrullas y las instalaciones de la Jefatura Policial.
El subcomisionado dijo que una vez que se identifique a los responsables se procederá a su captura para que respondan ante la justicia por los daños provocados a los bienes del Estado.
