La cifra de víctimas de hechos criminales entre los profesionales del derecho subió la tarde noche del jueves en Honduras.
En pleno centro de la ciudad de Catacamas, Olancho, al oriente de Honduras, fue asesinada la abogada Iris Elizabeth Argueta, de 35 años, luego de ser víctima de un ataque criminal por parte de dos sujetos que se conducían en una mototicleta.
El hecho lamentable se registró a un costado del parque central Félix M. Reyes de Catacamas, al momento en que la togada se conducía en su vehículo Toyota Corolla color rojo.
De acuerdo con la versión de testigos, la occisa, justo al momento en que pretendía estacionarse a un costado de la plaza central, recibió el primer disparo, pero sin que este le dañara, por lo que salió del automóvil y trató de escapar a pie, sin embargo, los delincuentes le siguieron para acabar con su vida.
Unos tres disparos le impactaron a la altura del tórax, por lo que fue trasladada al Hospital San Francisco de Juticalpa, donde de inmediato fue sometida a una intervención quirúrgica, pero murió unas horas después.
El hecho violento se produjo cerca de las 5:30 de la tarde.
Según información brindada a EL HERALDO, la abogada habría sido objeto de seguimiento desde hace varios días, ya que ella había externado que un sujeto armado le había seguido la semana anterior, pero logró huir.
La fallecida era soltera, originaria de Catacamas, y llevaba un año y medio en el cargo de defensora pública, ya que también se había desempeñado como jueza de Paz.
Desde pequeña, la occisa había quedado huérfana junto a un hermano mayor, que reside en los Estados Unidos, luego que fallecieran sus padres.
Omar Galeano, subdirector nacional de la Defensa Pública, dio a conocer la muerte de la abogada cerca de las 8:00 de la noche a través de los medios de comunicación.
“Nosotros nos mantenemos firmes, no vamos a desmayar en nuestro trabajo, lamentamos lo sucedido con nuestra compañera”, dijo Galeano.
De acuerdo con el funcionario, la fallecida se destacó por ser una profesional estudiosa y acuciosa en sus casos, y que nunca tuvo problemas en su desempeño.
Este crimen ocurre a unas horas de haber sido aprobada una reforma al Código Penal, mediante la cual se aplicará cadena perpetua contra asesinos de operadores de justicia.
Sin seguridad personal
Argueta no contaba con seguridad personal a pesar de que durante varios años se desempeñó como jueza y luego pasó a formar parte de la Defensa Pública.
“A ningún defensor público se le ha brindado seguridad hasta este momento, a pesar de que muchas veces son nombrados para representar a personas de dudosa reputación, pero es nuestro deber acatar esos nombramientos que hacen los jueces a nivel nacional y, como reitero, hasta este momento jamás se le ha nombrado seguridad a los defensores públicos”, dijo Leandro Osorio, titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC)
De acuerdo con Osorio, se desconoce el origen del atentado que recibió su colega, “sabemos que hay casos que son delicados y no puedo decir en este caso en particular si el asesinato deriva de algunos de los casos que ella habría manejado, presumimos que pueda ser por ello”.
Por su parte Paulina Pérez, directora Nacional de Defensa Pública, dijo que esperaba que Dios les guarde y proteja porque lo que hacen es un trabajo honrado y decente.
Pérez recordó que ellos como defensores públicos lo que hacen es garantizar el acceso a la justicia de las personas que no pueden contratar un abogado privado.
La funcionaria calificó los ataques a las operadores de justicia como un intento de “querer amedrentar a todos los que trabajan en el sistema de justicia.
“Pero debemos entender que tenemos que enfrentarnos, es el trabajo que tenemos asignados los defensores, los fiscales y jueces que alguien tiene que hacerlo”, expresó.
“Estamos preocupados por lo que le sucedió a nuestra compañera”, dijo José Manuel López, compañero de Argueta. Solicitó a las autoridades “que los operadores de justicia estemos protegidos para evitar este tipo de situaciones”.
En lo que va del mes de octubre, tres abogadas han sido asesinadas en Honduras.
El pasado 10 de octubre fueron acribilladas en San Pedro Sula, Marlene Banegas, excoordinadora regional del Ministerio Público y actual fiscal de Delitos contra la Vida, y Olga Patricia Eufragio, fiscal del Ambiente.
+ Honduras: En 56 meses han sido asesinados 81 abogados
Un informe emitido por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reveló que en Honduras unos 81 profesionales del Derecho han perdido la vida en circunstancias violentas en los últimos 56 meses (2010 a la fecha). Con el crimen en contra de las abogadas Banegas y Eufragio la cifra se eleva a 83.
Durante 2013, el Conadeh registró 29 hechos violentos contra abogados, con un saldo de 33 víctimas, de las cuales 24 perdieron la vida y nueve resultaron heridas.
El informe detalla que de las 24 personas muertas, 21 eran profesionales del Derecho, siendo 19 hombres, dos mujeres y tres personas no relacionadas con la profesión que se encontraban en el lugar adonde ocurrió el hecho. De las nueve personas que resultaron heridas, seis eran abogados, un empleado de un bufete jurídico, así como la madre y la hija de una jurista.
Entre las víctimas de 2013 figuran un juez de un tribunal de sentencia, un fiscal del Ministerio Público, dos exjueces, dos excandidatos a regidores, uno por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el otro por el Partido Liberal.
Los registros del Conadeh indican que entre 2010 y septiembre de 2014, 10 de los 18 departamentos de Honduras han sido escenarios de hechos sangrientos de los que perdieron la vida 81 miembros del gremio de abogados.
El documento establece que 73 víctimas, que representan el 90%, fueron ultimadas con armas de fuego, cuatro por asfixia por estrangulamiento, tres por arma blanca y uno por un supuesto suicidio.
