La década de los ochenta significó para Centroamérica la pérdida violenta de miles de personas, que sucumbieron como efecto de las guerras civiles que afectaron particularmente a Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Fue nuestro istmo el último escenario de la Guerra Fría.
Producto de la insurgencia y contrainsurgencia se perpetraron matanzas que permanecieron durante muchos años en total impunidad, a pesar de ser imprescriptibles por tratarse de crímenes de lesa humanidad, incluyendo la limpieza étnica. Así, en Guatemala se pueden recordar, entre otras, las matanzas de Panzos (1978), la de la Embajada de España (1980), la de San Juan Cotzal (1980), San Sebastián Lemoa, San Miguel Chicaj y Rabinal (1981), y en El Salvador las del Río Sumpul, en que se vieron involucradas las Fuerzas Armadas de Honduras, El Mozote (1981), el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas domésticas (1989). Empero, la justicia, aunque tardía, se ha activado en ambos países, a fin de deducir responsabilidades tanto a los autores materiales como intelectuales de violaciones masivas a los derechos humanos.
En El Salvador, el actual gobierno ha reconocido la sentencia condenatoria impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre cometida por el Batallón Atlacatl que segó la vida de más de 1,000 campesinos, incluyendo ancianos y niños, admitiendo el derecho de los familiares de las víctimas a reparaciones morales y económicas. Adicionalmente, se ha iniciado ya el juicio de deportación del exministro de Defensa salvadoreño, José Guillermo García, quien al concluir la guerra se había trasladado a Estados Unidos, acusado de involucramientos en ejecuciones y torturas perpetradas en su país entre 1979 y 1983, En Guatemala, el proceso en contra del general Efraín Ríos Montt, acusado de implementar las políticas de tierra arrasada y de genocidios contra indígenas, continúa su curso, a pesar de las maniobras legales de la defensa para retardar el curso del proceso. Las leyes de amnistía han tendido a favorecer, selectivamente, a quienes debían proteger a la población, pero que, por el contrario, se convirtieron en ejecutores de la funesta Doctrina de la Seguridad Nacional, también aplicada en nuestro país con resultados trágicos.
Pero es esperanzador saber que, a pesar del tiempo transcurrido, la justicia vuelve por sus fueros, otorgando a cada quien lo que en Derecho le corresponde.
