Sucesos

Mansión de Chimirri fue allanada en el 2007

Marcelo Chimirri le ha ganado el pulso al Ministerio Público en los diversos casos en los que ha sido acusado, pese las voluminosas pruebas presentadas en su contra.

07.04.2013

La mansión del exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, en la comunidad Las Tres Rosas, Valle de Ángeles, y otras propiedades, ya habían sido allanadas en 2007 por un caso de revelación de secretos en perjuicio del expresidente Manuel Zelaya.

Chimirri fue funcionario de ese gobierno liberal y es pariente de la actual candidata presidencial de Libre, Xiomara Castro.

Del lujoso inmueble de Valle de Ángeles los agentes del Ministerio Público decomisaron una serie de discos duros de computadoras para recabar información, que suponía, ligaban a Chimirri con la infidencia.

El expresidente Zelaya denunció que fue víctima de espionaje telefónico al revelarse en Internet grabaciones de conversaciones suyas.

Las pesquisas de la Fiscalía contra el Crimen Organizado apuntaron hacia Marcelo Chimirri y otros funcionarios de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), razón por la cual se practicó el allanamiento en la ostentosa residencia.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado interpuso en noviembre de 2007 un requerimiento fiscal en contra de Chimirri; el asesor legal de Hondutel, Óscar Danilo Santos; y Luis Alejandro Arriaga, exjefe de la línea 193; por suponerlos responsables de 28 delitos de abuso de autoridad, violación y revelación de secretos políticos.

Chimirri, según la Fiscalía, había incurrido en revelación de secretos políticos, diplomáticos y militares.

La jueza Elvira Meza, del Juzgado de Letras Penal, emitió al final una resolución para admitir solo un delito de abuso de autoridad y desestimar el de revelación de secretos porque, a su criterio, este es un delito de orden privado.

Armas

En el operativo realizado en noviembre de 2007 también se encontró en la casona de Valle de Ángeles un lote de armas que el Ministerio Público consideró que era de uso prohibido para civiles, por lo que también presentó otro requerimiento fiscal contra el funcionario.

Se le acusó de portación ilegal de armas, pero igualmente salió librado de la justicia, pues se le dictó sobreseimiento por esa causa.

Chimirri logró demostrar que el arsenal que poseía en su residencia era propiedad de la Fuerzas Armadas debido a que militares le daban resguardo porque en ese entonces era un funcionario público.