Sucesos

Unos 60 mil homicidios sin resolver tienen los cuerpos de investigación

Estima que cada agente investigativo tiene una carga de 466 expedientes, por lo que es humanamente imposible resolverlos. Opina que el crimen contra el hijo de Ramírez del Cid fue planificado.

20.02.2013

“La Policía de Investigación tiene una mora de 60 mil homicidios en los últimos diez años”.

Así de contundente lo explicó el médico forense Dennis Castro Bobadilla, quien considera que la investigación “es el talón de Aquiles” para resolver los homicidios en Honduras.

El especialista en investigaciones aseguró que la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), “tiene una recarga de 466 expedientes investigativos por cada agente de investigación, entonces, están sumamente saturados y eso es humanamente imposible llevar a los tribunales dicha cantidad de investigaciones”.

El forense lamentó en el programa Frente a Frente, transmitido por Canal 5, que en Honduras se tiene una tendencia de hacer creer que toda la responsabilidad investigativa la desarrolla la DNIC, lo que consideró como un error.

Castro Bobadilla, al analizar el asesinato del joven estudiante Óscar Roberto Ramírez Umaña, de 17 años, hijo del exdirector nacional de la Policía, Ricardo Ramírez del Cid, opinó que “para que se monte una acción de aproximadamente siete u ocho personas debidamente armadas, es una planificación, es un seguimiento y tiene todas las características de una operación organizada”.

“Creo yo que hay que saber diferenciar entre lo que es el crimen común y corriente, el que ocurre en la calle, el que ocurre con una riqueza de información de testigos, el que ocurre como un hecho espontaneo y el crimen aquel que usted va a ver que tiene limpio todos los alrededores y todas las aristas de un hecho criminoso”, dijo Castro Bobadilla.

“Este caso (asesinato de Óscar Roberto Ramírez Umaña) a mi criterio es un caso completamente limpio, usted lo puede ver y aparte de ello, si se revisan los proyectiles que se usaron en esto, son proyectiles no de uso muy común”.

Sin resultados

Al consultarle qué se debe hacer para reducir el nivel de criminalidad en Honduras, ya que después de la muerte de los estudiantes universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda, el tema de moda era la depuración policial, Castro Bobadilla dijo: “Yo soy de los que creo que no se debe depurar a la Policía, si lo que se está haciendo es un proceso lento, sin resultados reales”.

Sin embargo, funcionalmente hoy en Honduras, no voy a mencionar nombres, hay personas en el cargo actual de responsabilidad entre la Secretaría de Seguridad, que están a punto de enfrentar un juicio oral y público, sin embargo están en el cargo. Eso da pie a decir, bueno ¿dónde está la depuración?

“Si realmente estas personas en este momento están en la mira del estrado judicial, imputadas por el Ministerio Publico (MP) de hechos delictuosos, deleznables por cierto, sin embargo están en el cargo. Yo como ciudadano no tengo confianza en la autoridad policial como para ir a presentar una denuncia”, aseguró Dennis Castro Bobadilla.

En cuanto a la situación de la investigación criminal en Honduras, Dennis Castro explicó si: “Un exmiembro de la Policía jefea una banda y salieron dos o tres oficiales jefeando a bandas, eso quiere decir que los sistemas de investigación interna institucional no están funcionando, o no funcionan o son cómplices. Entonces todo este sistema pútrido es el que llega al área criminal judicial”. Comentó que se reunió con el presidente del Congreso Nacional y le dijo: “Usted tiene la oportunidad de oro iniciando este Congreso de poder hacer reformas torales en Honduras en materia criminal para efectos de combatir esto y hasta el sol de hoy estamos esperando que él tome decisiones”.

El Estado no destina recursos a investigación

El Estado no destina recursos para la investigación criminal, lamentó el presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH), Fabricio Erazo.

“El problema que siempre ha tenido Honduras en el sector justicia es la falta de investigación, el Estado no está destinando recursos para investigación, la investigación no se encuentra en un lugar donde debería de estar”, expresó.

Al no existir investigación difícilmente un fiscal puede realizar su trabajo, de presentar acusaciones sustentables ante los tribunales. Explicó que el fiscal no es un investigador, dirige técnicamente la investigación; quien la realiza es la DNIC, adscrita a la Secretaría de Seguridad.

“La causa para que exista tanta impunidad en este país es que no hay recursos para investigación”, recalcó.

Por tanto, instó al gobierno a invertir para fomentar la investigación, a capacitar a detectives de la DNIC y no solamente a los oficiales. A capacitar a los fiscales que están estancados en instrucción. Asimismo, recomendó a las autoridades del gobierno buscar las personas más óptimas, capaces, con experiencia en el ramo, para hacer estudios o plantear soluciones.

El ente de investigación está desligado del fiscal

Fortalecer la investigación de delitos es una tarea pendiente, manifestó Mario Díaz, vicepresidente de la Asociación de Jueces por la Democracia.

“Hay que establecer una adecuada investigación policial que nos permita establecer mecanismos”, expresó.

Para el caso, lamentó que en la práctica el fiscal no dirige la investigación.

“Los organismos de investigación están desligados de la parte fiscal”, dijo.

Por tanto, instó a que el MP cuente con su cuerpo de investigación.

Díaz es juez de un Tribunal de Sentencia. Salió al paso a las críticas que jueces dejan en libertad a delincuentes. Especificó que los jueces son profesionales técnicos, valoran la prueba en función de la utilidad y la pertinencia que tiene en relación a un caso concreto. “No somos jueces de conciencia; si una prueba es suficiente para acreditar un hecho debemos darla por válida, si no lo es, hay que dictar una sentencia absolutoria”, expresó. Para convencer al juez pesa más la prueba objetiva que vincula a una persona con la comisión de un hecho delictivo.

Contrastó en que las estadísticas indican que son mucho mayores las sentencias condenatorias que se emiten, en un promedio de 85 por ciento. Sin embargo, lamentó que más se hace énfasis en las sentencias absolutorias.