El juez con jurisdicción nacional dictó el martes auto de prisión en contra del policía José Rubén Pozo López, acusado por el crimen de los universitarios Rafael Vargas Castellanos y Carlos Pineda.
La resolución se decretó en una inusual audiencia inicial celebrada en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH). La diligencia judicial se evacuó en esta unidad militar para garantizar la protección del imputado.
La audiencia inició a las nueve de la mañana y concluyó a las cuatro de la tarde. 'El señor juez con jurisdicción nacional decidió dictarle (a José Pozo) auto de prisión por dos tipos penales de asesinato y por el tipo penal de abuso de autoridad', informó el fiscal de Derechos Humanos, Juan Carlos Griffin.
'Entretanto, sobreseyó provisionalmente por el delito de robo agravado', agregó. El auto de prisión se decretó con la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, que cumplirá en un centro militar no especificado, donde ingresó desde la semana anterior cumpliendo la medida de detención judicial.
Pozo López decidió presentarse voluntariamente el pasado miércoles, goza de la protección del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. 'Casualmente por eso el imputado José Rubén Pozo solicitó al señor juez tomara en consideración el temor que él tenía, la defensa también hizo el planteamiento ante el órgano jurisdiccional y accedieron al mismo', relató el fiscal. Fue notoria en las afueras de la FAH la circulación de patrullas policiales que fotografiaron a periodistas que se encontraban en el lugar, como medio de intimidación.
Las pruebas
En la audiencia inicial el policía se exculpó de los cargos que le imputan y aseguró que no disparó. Sin embargo, la Fiscalía acreditó las pruebas suficientes para que se dictara el auto de prisión por el abuso de autoridad y el asesinato.
El fiscal considera que fue fundamental la presentación de dos videos que demuestran la participación de una de las patrullas. Asimismo, el dictamen biológico y serológico de manchas de sangre encontradas en la patrulla M1-92, tripulada por Pozo. 'Estas pruebas fueron contundentes, las que llevaron al juez a considerar que esta persona pudo participar en los hechos que se le imputaron', destacó. Como prueba anticipada se aportó la declaración de testigos.
Quinto procesado
Pozo López es el quinto policía al que los tribunales le dictan auto de prisión por el crimen de los dos universitarios.
El pasado 31 de octubre la Fiscalía de Derechos Humanos acusó a ocho policías, a cuatro de estos: Martín Ortez, Manfredo Fúnez, Gabriel Mancía y Wilson Córdova, previamente les habían dictado auto de prisión; permanecen recluidos en la Penitenciaría Nacional (PN) de Támara. Entretanto, el subinspector Carlos Galeas y los agentes Wilfredo Figueroa y Santos Padilla, aún permanecen prófugos de la justicia. El MP confía que estos puedan presentarse voluntariamente.
El auto de prisión se dictó por cada uno de los dos asesinatos y uno por abuso de autoridad. En este caso, de ser condenados por dichos delitos, podrían purgar una pena mínima de 43 años de cárcel y una máxima de 66 años.
Prófugos
Pozo estuvo prófugo de la justicia por más de un mes luego que en la Jefatura Metropolitana I ubicada en el barrio Los Dolores de
Tegucigalpa
se otorgó permiso de fin de semana a pesar que estaban en calidad de custodia por el doble asesinato.
Por este mismo caso todavía se encuentran prófugos el subinspector Carlos
Gáleas
Cruz, los agentes
Wilfredo Figueroa Velásquez,
Arnulfo
Padilla
Rodríguez, por los que se ha ofrecido una recompensa de 50,000
lempiras
por cada uno de ellos.
Por el crimen de los dos universitarios
ya guardan prisión cuatro agentes
de la escala básica de la Policía Nacional los que se encuentran recluidos en la Penitenciaria Nacional.
Desde el momento en
que se descubrió la
participación
de los agentes en el crimen de los universitarios diferentes sectores de la sociedad hondureña exigieron la intervención y depuración inmediata de la Policía.
Para comenzar con este proceso el Poder Ejecutivo creo la Unidad de Evaluación de la Carrera Policial, la cual tiene la misión de depurar la institución policial.
