Cada día crece el clamor para que el Congreso Nacional (CN) que preside Juan Orlando Hernández rectifique el “zarpazo” y posterior golpe técnico que le asestó al Poder Judicial.
La semana anterior, 97 diputados destituyeron a cuatro magistrados de la Sala Constitucional: Rosalinda Cruz, Gustavo Bustillo, Antonio Gutiérrez y Francisco Ruiz Gaekel.
Esta decisión provocó la generalizada condena y el rechazo de innumerables sectores y expertos que califican la acción como un “golpe técnico”, una violación a la Constitución, específicamente a la división de poderes, un atentado a la independencia de la Corte Suprema de Justicia y al Estado de Derecho.
El Partido Innovación y Unidad (Pinu) se pronunció. Recuerda que la Constitución establece en su artículo 4 que los tres poderes del Estado son complementarios e independientes y por tanto ningún poder está por encima de otro.
El mecanismo de elección de los magistrados a la CSJ se reformó para garantizar mayor estabilidad e independencia en los procesos judiciales.
El Pinu afirma que “el Congreso Nacional no tiene facultades para destituir a dichos magistrados sin el debido proceso, por lo que cualesquiera acciones realizadas en ese sentido son ilegales, violatorias de la Constitución y las leyes y por lo tanto, conllevan responsabilidad penal”.
Dictatoriales
El Pinu lamenta que las consecuencias de dichos actos, ilegales e inconstitucionales, son absolutamente negativas y afectan la imagen del país a nivel internacional, ahuyentando la inversión nacional y extranjera y por ende, reduciendo las oportunidades de empleo y desarrollo.
“En lugar de brindar confianza, armonía y el sentido de seguridad que el pueblo hondureño reclama a gritos, estas acciones, típicas de los regímenes que pisotean el estado de derecho, incrementan la inseguridad jurídica con nefastas consecuencias para la vida cotidiana de la población”, puntualizó el Pinu.
“Estas decisiones son características de gobiernos dictatoriales que buscan a través de la intimidación y el abuso de poder, el control de la institucionalidad democrática en función de caprichos e intereses personales que no producen ningún beneficio para una población empobrecida y sometida a un atraso económico y social crónico”, cuestiona.
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Molestia
Por su lado, el banquero y político hondureño Jorge Bueso Arias pidió al CN rectificar la determinación.
“Como hondureño me siento muy molesto porque son cosas que no debieron haber sucedido. La Corte Suprema tiene facultades de emitir fallos y sentencias y hay que respetarlas”, manifestó.
“Lo que pasó no es para estar destituyendo a magistrados, eso deja una mala impresión, no habla bien de nuestras instituciones; tenemos que respetar, honrar y dignificar las instituciones”, agregó.
Por tanto, hizo un enfático llamado al CN.
“No sé qué es lo que hay en el fondo de todo esto, pero no me gusta y siento mucho que esto haya sucedido, ojalá que sí haya manera de rectificar, que rectifiquen”, solicitó.
Sobre lo que denunció Porfirio Lobo de una conspiración en su contra, el banquero afirmó que “son cosas imaginadas decir que hay conspiración de empresarios, lo que se dice es que eso es una cortina de humo por lo que hicieron con la destitución de los cuatro magistrados”, puntualizó.
