Sucesos

Análisis: La sangre ha corrido en las cárceles de Honduras en los últimos siete años

De enero a octubre de 2019 se registran 11 muertes violentas dentro de los centros, mientras en 2018 apenas hubo cuatro víctimas

05.12.2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cierre de 2019 ha llegado con un golpe letal a la imagen de control, fortaleza y seguridad que el gobierno de Honduras había construido en torno a sus cárceles.

La ejecución de cuatro menores de edad durante una reyerta en el centro Renaciendo, donde también hubo 33 heridos, es el último hecho que se suma al listado de eventos violentos ocurridos en este 2019 dentro de los reclusorios.

Y los datos, analizados por EL HERALDO tras una solicitud de información pública, confirman que este año las autoridades han perdido parte del control del sistema penitenciario: a octubre de 2019 ya se registraban 11 homicidios dentro de los centros penales.

El conteo realizado desde 2013 deja un saldo de al menos 96 muertes violentas ocurridas en las instalaciones penitenciarias, incluyendo centros de menores. En los siguientes gráficos se ilustra la situación de violencia vivida en los últimos siete años en las cárceles hondureñas.

2019, el regreso de la violencia a las cárceles

Tras alcanzar un pico de 30 homicidios dentro de los reclusorios en los últimos siete años, el gobierno logró reducir ese número a cuatro víctimas el año pasado.

Sin embargo, en este 2019 se confirma un alza que recuerda al nivel de violencia de otros años (como 2017, 2016 y 2013).

En este análisis falta por procesar los asesinatos registrados en noviembre y diciembre, como los cuatro menores de Renaciendo, lo que dejaría un año mucho más violento.






¿Cárceles de máxima seguridad?

Aunque el centro más peligroso de los últimos siete años ha sido la Penitenciaría Nacional de Támara, al norte de la capital, llama la atención la cantidad de muertes ocurridas en las denominadas cárceles de máxima seguridad.

Se trata de El Pozo en Ilama, Santa Bárbara (occidente), y La Tolva en Morocelí, El Paraíso (oriente), habilitados por el gobierno en 2016 y 2017 -respectivamente-, resaltando los rigurosos controles de seguridad, pero donde ya han muerto de forma violenta cinco personas en cada uno.

Uno de los casos de mayor impacto fue el asesinato en El Pozo de Nery Orlando López Sanabria, también conocido como Magdaleno Meza, considerado un testigo clave en el juicio del exdiputado Juan Antonio Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández.


Mercado de armas en los centros penales

'Magdaleno' fue asesinado a disparos y a cuchilladas, pese a que las pistolas y cuchillos son objetos a los que supuestamente no deberían acceder los reclusos.

Sin embargo, la muerte de este narcotraficante confirma un patrón: la mayoría de homicidios han sido cometidos con armas de fuego o arma blanca; en seis de cada diez ha sido así.







Anarquía y caos en las cárceles

Una regla implícita en las cárceles hondureñas es que todos deben tener un bando, aunque finalmente sea un desencadenante de reyertas por el control de las zonas.

La Secretaría de Seguridad asegura que las riñas y los pleitos de territorio son las principales causas de las casi cien muertes de enero de 2013 a octubre de 2019.

Sin embargo, merece resaltar que las autoridades policiales no han podido determinar el móvil de casi cuatro de cada diez de estos homicidios.



Crece la población carcelaria de Támara

Con la habilitación de El Pozo y La Tolva se vendió la idea de descongestionar Támara, pero en estos dos años ha sido el centro penal donde más creció la población carcelaria.

La estrategia del gobierno consistió en mandar a la mayoría de reclusos a esta cárcel del Distrito Central, a los dos nuevos reclusorios de máxima seguridad y a la instalación penitenciaria de Siria, El Porvenir, Francisco Morazán.


La mitad de los reos en cuatro prisiones

El planteamiento anterior provocó que la mitad de los reclusos guarden prisión, según datos a septiembre de 2019 analizados por EL HERALDO, en apenas cuatro cárceles: Támara, El Pozo, La Tolva y Siria.

En contraste, los centros penales regionales han experimentado una disminución de privados de libertad, sin obviar el cierre del centro penal de San Pedro Sula en 2017.





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