Tegucigalpa, Honduras
La corrupción dentro de la Policía y la relación de muchos oficiales y agentes con el crimen organizado y el narcotráfico, conjuntamente con varios políticos, se fortaleció en el término de una década, volviéndose un círculo muy cerrado, relató hace unos días a EL HERALDO un agente antidrogas.
El experto recordó que antes de pasar al orden civil en 1996, la Policía ya tenía pésimos antecedentes; sin embargo, a partir de 2002, ya bajo la administración de la Secretaría de Seguridad, la corruptela se fue apoderando, dando lugar a que oficiales y agentes comenzaran a delinquir sin control, llegando a alcanzar una vida de millonarios.
Asimismo, testimonios de pandilleros revelan que fueron elementos de la policía quienes fortalecieron el accionar delictivo de las maras, a cambio de recibir parte del dinero sucio o manchado con sangre; de ahí muchos oficiales se volvieron empresarios, hacendados y terratenientes, de cuyos casos el Ministerio Público tiene conocimiento y algunas investigaciones concluidas, pero no procede, generando con ello impunidad.
Desde finales de la década pasada, el entonces comisionado nacional de los derechos humanos, Ramón Custodio, advirtió sobre lo que estaba pasando en la Policía, sin embargo, ninguna autoridad escuchó su alerta, por el contrario, la voz de la sociedad dentro del Consejo de Seguridad Interior (Conasin) siempre fue atropellada por los entonces ministros de seguridad.
Destape de la olla
El hedor de la podredumbre dentro de institución encargada de proteger a la ciudadanía golpeó el ambiente nacional el 22 de octubre de 2011 cuando se descubrió que policías asignados a la estación del barrio La Granja eran los asesinos de dos jóvenes universitarios.
El hecho no solo demostró el accionar delictivo de los policías, también desveló cómo desde la cúpula se protege a quienes delinquen. A partir de ese entonces muchos casos de agentes y oficiales involucrados en secuestros, asaltos, robo de armas, robo de vehículos, narcotráfico y extorsión comenzaron a salir a la luz pública, ante la mirada expectante de un timorato Ministerio Público.
Depuración
Ante la escandalosa corrupción policial, en mayo de 2012 el Congreso Nacional aprobó el decreto 89-2012, creando la Ley Especial para la Depuración Policial, comenzando un proceso de limpieza lleno de obstáculos legales y de argucias a lo interno de la Policía para trabar la descontaminación.
El decreto le dio potestad al entonces director policial Juan Carlos Bonilla para sacara de la entidad a todos aquellos agentes y oficiales nocivos, igualmente se creó una Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) que resultó un fiasco para la sociedad.
Ante la separación, los oficiales interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 89-20012 y la Sala de lo Constitucional lo declaró con lugar, permitiendo que ellos regresaran.
Posteriormente, en la administración de Arturo Corrales como titular de la Secretaría de Seguridad, varios oficiales cuestionados fueron retirados de la Policía con “baja honrosa” y una buena bonificación económica.
El cuatro de abril de 2016, EL HERALDO publicó una investigación que reveló cómo miembros de la cúpula policial y mandos intermedios asesinaron, el 8 de diciembre de 2009, al zar antidrogas Julián Arístides González Irías, así como al experto en seguridad Alfredo Landaverde, el 7 de diciembre de 2011.
Este trabajo periodístico sacudió nuevamente a la sociedad hondureña y a la clase política, por lo que inmediatamente el presidente Juan Orlando Hernández ordenó al ministro de seguridad, Julián Pacheco, suspender a los oficiales señalados en dicha publicación.
Luego el 7 de abril el Congreso Nacional aprobó un decreto de emergencia para depurar la Policía, iniciándose un nuevo proceso de limpieza de una institución inmersa en la corrupción y con oficiales y agentes coludidos con el narcotráfico y el crimen organizado.
A la fecha, la comisión responsable de ejecutar la depuración ha separado a 106 oficiales y todavía faltan los rangos de subcomisarios, inspectores y subinspectores y agentes de la escala básica, así como el área administrativa ligada a la corrupción.
