Honduras

Quinta reforma de la ley orgánica policial aleja la depuración

El Poder Legislativo sigue intentando con decretos consolidar una Policía Nacional que esté alejada del delito y del crimen organizado.

24.11.2015

Tegucigalpa, Honduras

En 19 años, los políticos en el Congreso Nacional no han podido establecer un estamento legal que permita la consolidación y depuración continua de una institución policial que ha caído en el desprestigio.

Luego que esta entidad pasó al mando civil, en 1998 se creó la primera Ley Orgánica de la Policía -decreto 156-98-, la que ha venido sufriendo una serie de reformas que no han contribuido en mayor cosa a la limpieza de una entidad, donde una buen número de sus miembros se casaron con el delito y el crimen.

Solo entre el 2010 y el 2015 se han aprobado una veintena de disposiciones, tanto legislativas con ejecutivas, para depurar la Policía y mejorar también su grado de operatividad, sin embargo algunos decretos que salieron del Congreso Nacional resultaron hasta inconstitucionales y otros hoy podrían ser desbaratados, cuando el problema -según algunos sectores- no es la ley sino la falta de ejecución.

Reformas

Actualmente se encuentra en dictamen en el Congreso Nacional la quinta reforma que sufrirá la Ley Orgánica de la Policía en los últimos 17 años, aparte de las interpretaciones que se le han realizado a varios de sus artículos.

A pesar que en el último quinquenio se ha emitido una batería de normas encaminadas a mejorar la institución policial, la aplicabilidad de las disposiciones no ha dado mayores frutos por negligencia de las mismas autoridades tanto de la Secretaría de Seguridad como de la misma dirección policial.

Lo álgido

En el borrador de la nueva reforma que está en manos de la comisión dictaminadora del Congreso Nacional, los conocedores del tema de seguridad ven el peligro de un retroceso cuando se plantea la eliminación de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) de carácter independiente por una División de Investigación y Certificación Policial adscrita a la Policía.

El artículo 18 del anteproyecto dice que la dependencia antes mencionada será “la encargada de practicar en forma general o selectiva a todos los miembros de la carrera policial pruebas de evaluación de confianza tales como toxicológicas, psicométricas, pruebas de polígrafo, estudios socioeconómicos o patrimoniales y cualquier otra que se estime pertinente y proporcional para el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las pruebas de evaluación que pudiera practicar la Superintendencia para la aplicación de pruebas de evaluación de confianza”.

En las modificaciones planteadas, además de crear la División de Investigación y Certificación Policial, también se deja funcionando la Inspectoría General como una dependencia de la Dirección General de la Policía Nacional, cuya misión principal es la de evaluar el apresto operacional de la Policía Nacional y supervisar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos, órdenes, directrices e instrucciones emanadas del alto mando policial y otras autoridades legalmente constituidas. Además llevará a cabo investigaciones especiales de oficio o por orden de autoridad competente.

La Inspectoría General estará a cargo de un Comisionado General o Comisionado de Policía. Su organización y funcionamiento será regulado por un reglamento.

Para rematar, en el artículo 46 se le asigna al director de la Policía atribuciones en materia disciplinaria y administrativa, dejándolo como responsable de emitir los acuerdos de cancelación por despido a los oficiales, suboficiales, clases y agentes, conforme a la Ley de Personal de la Carrera Policial.

Algo novedoso entre sus atribuciones es que se propone que sea él quien autorice los fondos necesarios para el cumplimiento de las operaciones policiales respectivas, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación nacional vigente.

Actualmente para ejecutar operaciones, el director tiene que pedirle el dinero a la Secretaría de Seguridad.

En la reforma se propone continuar manteniendo el Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin), entidad a la cual se le ha dado poca importancia, a tal extremo que las convocatorias mensuales no se realizan.

Igualmente algunas direcciones policiales cambian de nombre y también se crean otras nuevas. Las direcciones que contempla la propuesta de reforma son: la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNSC), la dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), la Dirección Nacional de Educación Policial (DNEP), la Dirección Nacional Policial de Intervención Rápida (DNPIR), la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales (DNPSE), la Dirección Nacional Policial Antinarcóticos (DNPA), la Dirección Policial de Telemática (DPT) y otras que sean creadas de conformidad a Ley.

Aunque la Policía ha tenido algunos grupos antinarcóticos como el Goan, ahora crean una dirección policial antinarcóticos que ejecutará operativos de interdicción de embarques de droga y sustancias ilícitas, así como programas de prevención, entre otras actividades.

Asimismo plantean la creación de la Dirección Policial de Telemática, que será la responsable del mantenimiento operativo de los sistemas de telecomunicaciones e informática a través de la implementación, administración y soporte, con el fin de establecer políticas, procesos y normas, que permitan la eficiente comunicación y control en todos los niveles de mando y operación de la Policía Nacional.

Con esta nueva dirección, la burocracia policial tendrá un Departamento de Comunicaciones (vía radio, celulares e Internet), un Departamento de Cámaras Inteligentes (soporte y mantenimiento), un Departamento de Informática y, si son necesarios otros, la puerta quedaría abierta para crearlos.

A pesar que uno de los grandes problemas que enfrenta la Policía es la intromisión política -según algunos exdirectores-, en esta reforma a la Ley Orgánica no se contempla un blindaje contra ese problema, que mucho debilita el quehacer de los agentes y oficiales.

El coordinador de la Asociación por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera, manifestó que van a respaldar la propuesta con sus observaciones porque ven pertinente y necesario reformar la Ley Orgánica de la Policía, sin embargo, advirtió que hay elementos donde piden mucho rigor como el proceso de selección del director general de esa institución