El Ministerio Público (MP) presentó este viernes un requerimiento fiscal contra Ricardo Antonio Gaitán Kawas, Hugo Daniel Monzón Rodas y Rosario de María Artemisa Pinto Figueroa, por suponerlos responsables de delitos de fraude continuado y negligencia inexcusable.
La acción se realizó a través de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y la Tercera Edad contra los imputados que habrían faltado en la presentación de servicios en perjuicio de 14 familias de residencial “El Tablón”, ubicada al suroriente de Tegucigalpa.
La acusación por fraudes continuados y negligencia inexcusable se dicta luego que, tras pocos meses, los pobladores que adquirieron sus casas en “El Tablón”, comenzaron a tener diferentes problemas en las estructuras de sus viviendas y en los sistemas de distribución de los servicios públicos.
La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) dictaminó que este proyecto habitacional se encuentra en una zona de riesgo en virtud que está situado en terreno con fallas geológicas y susceptibilidad a movimientos de ladera.
En ese sentido, la Fiscalía efectuó diferentes diligencias investigativas en las que logró determinar que, tanto la empresa constructora como la urbanizadora, realizaron modificaciones considerables al proyecto sin la autorización de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).
Los señalados representan a la empresa constructora Inversiones Mercantiles Múltiples (IMM), en el caso de Ricardo Antonio Gaitán Kawas, que es el apoderado legal; asimismo el ingeniero constructor Hugo Daniel Monzón Rodas.
Mientras que por parte de la urbanizadora, Empresa Hondureña de la Construcción (Emhco), su representante legal es Rosario de María Artemisa Pinto Figueroa.
Emhco ya fue requerida por la Serna para que cumpla con las medidas de mitigación establecidas en el contrato firmado con esta dependencia estatal, a lo que ha hecho caso omiso y por lo que se impuso una multa de 601 mil lempiras.
Consecuentemente, la Fiscalía del Consumidor solicita que los acusados sean citados para que comparezcan a audiencia de declaración de imputado y posteriormente a audiencia inicial donde se pedirá el auto de formal procesamiento respectivo.
Las fallas en las viviendas de este complejo residencial se viene investigando de tiempo atrás.
El Código Penal establece que el delito de otros fraudes continuados tiene una pena de 10 a 15 años de reclusión y el de negligencia inexcusable en la presentación de servicios se castiga de 1 a 5 años de cárcel.
