La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal presentó en las últimas horas un nuevo requerimiento fiscal en contra del exdirector ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Roberto Zelaya Rojas.
La acción fue presentada este lunes en los Juzgados de lo Penal, donde también se presentó el primer requerimiento por el delito de testaferrato en caso de corrupción en el IHSS.
Héctor Morales, jefe de la Unidad, informó que en el primer caso a Zelaya se le acusa por almacenamiento de armas de guerra, almacenamiento de municiones de guerra y almacenamiento de armas de fuego de uso comercial en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
Las penas en estos delitos rondan de ocho o diez años en los dos primeros y de tres a seis años en el tercer delito, dijo Morales.
Según el requerimiento, las armas fueron decomisadas en un allanamiento de morada efectuado en la bodega del condominio Quinta Bella, 3ra. calle, 5ta. avenida de la colonia San Ignacio, propiedad de Zelaya Rojas.
Con base en el acta de inspección ocular y el Registro Nacional de Armas de la DNIC y los peritajes balísticos de los Laboratorios Criminalísticos de Medicina Forense, la unidad determinó que “el ahora encausado no tenía permiso para poseer un rifle US Carabine, modelo MZ, calibre 30, serie L70402300, que presenta un mecanismo de acción automática y semiautomática mediante un selector de disparo; un fusil Remington calibre 5.56 x 45mm, serie 7776181, con mira telescópica; y una rifle Mauser modelo 98, calibre 8mm, serie 3504”.
En ese sentido, el MP solicitó en este requerimiento fiscal que Zelaya Rojas sea presentado ante los juzgados competentes para la respectiva audiencia de declaración de imputado y se le decrete detención judicial”.
Esta es la sexta causa que Mario Zelaya enfrenta en los tribunales.
Y es que meses atrás el Ministerio público acusó a Zelaya por la compra sobrevalorada de boletos aéreos, el lavado de activos a través de “empresas fantasma”, recibimiento de coimas, compra sobrevalorada de ambulancias y la transferencias de recursos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al régimen de Enfermedad Maternidad (EM).
Sobre la segunda acción Morales detalló que el acusado por el delito de testaferrato ya tiene orden de captura y alerta migratoria por lo que se limitó a revelar el nombre.
Explicó que esta persona prestó su nombre para que uno de los señalados por actos de corrupción en el IHSS pusiera a su nombre una lujosa residencia valorada en más de dos millones de lempiras.
“Ese bien inmueble por el hecho de haberlo traspasado es un testaferro y la Ley Especial contra el Delito de Lavado de activos establece que se comete el delito de testaferrato el hecho de querer encubrir ese bien inmueble”, explicó.
Indicó que la persona que realmente es dueña del bien fue acusada por la unidad por el delito de lavado de activos.
