Honduras

Cruz Asensio: Once mujeres murieron por óvulos adulterados

MP presentaría requerimientos próximamente por el caso. Diputado de Libre presentó una denuncia por lesa humanidad contra el Estado.

04.06.2015

Tegucigalpa, Honduras

Al menos once mujeres habrían muerto luego de recibir tratamiento ginecológico en centros asistenciales del sistema público de Honduras, denunció este jueves el diputado Augusto Cruz Asensio.

El legislador, miembro de la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional que investiga los casos de corrupción que investiga el Ministerio Público, dijo a los medios de comunicación que 'se ha planteado una denuncia que por lo menos once personas, mujeres, habrían fallecido por haber usado óvulos adulterados' que les fueron prescritos.

'Fueron adulterados con harina y que eso pudo haber producido la muerte de al menos once mujeres', amplió.

Según Cruz Asensio, los óvulos fueron vendidos por una de las empresas que proveían de medicamentos al sistema de Salud Pública de Honduras.

'No se trata esto de un acto de sustracción de recursos del Estado, se trata de haber jugado con la vida de mujeres de nuestro país y esto realmente es imperdonable', argumentó.

Además, adelantó que estas acciones 'están a punto de ser judicalizadas y están a punto de extenderse los requerimientos fiscales del caso. Yo no puedo adelantar en este momento porque entonces el que va a terminar preso no es el que vendió estos medicamentos adulterados, sino que voy a ser yo'.

Denuncia por más de dos mil muertos en el IHSS

Este jueves se hizo presente al Ministerio Público el diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) Francisco Javier Paz, para interponer una denuncia por la muerte de 2,800 pacientes en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

“Aquí solo se habla de los millones que se robaron, pero nadie habla de todos los muertos que han caído a causa de falta de atención médica y falta de medicamento', expresó Paz en compañía de su apoderado legal.

'Hoy se está interponiendo una denuncia para que se le acuse al Estado por un delito de lesa humanidad porque eso es algo que no prescribe', agregó.

El abogado Leopoldo Romero indicó que las 2,800 personas habrían muerto entre 2010 y 2014.