Durante la presentación del Examen Periódico Universal (EPU) en materia de derechos humanos, la ministra del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), Ana Aminta Madrid, afirmó que el Estado de Honduras ha implementado cambios importantes a favor de la mujer hondureña.
Ante los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la funcionaria expuso los logros alcanzados por el país mediante el II Plan de Igualdad y Equidad de Género (PIEGH).
Este instruye a todas las dependencias de la administración pública a coordinar esfuerzos y asignar recursos técnicos y financieros para alcanzar sus objetivos.
Mediante el mismo se conforman las Unidades de Género en el Poder Judicial, secretarías de Salud y Seguridad, así como comisiones de género en diversos municipios.
También se coordinan procesos con los espacios locales en 245 Oficinas Municipales de la Mujer.
La funcionaria destacó la institución del Centro de Atención y Promoción de los Derechos de las Mujeres (Caprodem) para brindar un espacio a las mujeres sobrevivientes de violencia de género y permitirles romper el ciclo de la violencia.
Reformas legales
En materia de legislación, el Estado hondureño incorporó la figura del femicidio e impuso penas severas a los ejecutores de este delito, también se aprobó la Ley Contra la Trata de Personas.
'Hemos aprobado la Ley de Equidad de Salarios entre mujeres y hombres, con la que se elimina la discriminación de ese tipo en la contratación laboral hondureña', apuntó Madrid ante el consejo.
El INAM y la Secretaría de Seguridad también forman parte de la Estrategia de Seguridad Centroamericana en el denominado Proyecto B. A. 1 de Prevención de violencia contra las mujeres.
Dicho proyecto prioriza diez municipios con altas tasas de violencia contra las mujeres, promoviendo la organización social y la participación comunitaria permanente en los procesos de prevención de violencia contra las mujeres y la creación de redes locales que la combaten.
De igual manera, se ha puesto en marcha una campaña dirigida al sector público para erradicar las prácticas de acoso sexual laboral, abarcándose un 75% de las oficinas públicas. La misma se ha extendido al sector privado, agregó.
Mientras en el marco del Protocolo de Atención Integral a Víctimas de la Violencia contra la Mujer en casos de violencia doméstica y de violencia intrafamiliar, se han elaborado y validado protocolos de atención y actuación para las casas refugio, dos de estas habilitadas en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula para brindar albergue temporal a mujeres.
