Tras una auditoría practicada a la Alcaldía Municipal de Santa Lucía, Francisco Morazán, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó irregularidades por más de dos millones de lempiras.
La revisión fue practicada para e período correspondiente entre el 16 de diciembre de 2008 y el 31 de julio de 2013, durante el cual ingresaron a las arcas locales 64,683,456.72 lempiras y se erogaron 37,992,453.06.
El ente contralor detalla entre las irregularidades detectadas gastos injustificados por el pago de horas extras al no encontrar ninguna evidencia de que se hayan realizado los trabajos. Esto representó un daño de 547,193.59 lempiras a la comuna.
Otros 365,349.31 lempiras fueron entregados por concepto de obras de infraestructura; sin embargo, las mismas no fueron ejecutadas.
Por anticipos de viáticos asignados a los funcionarios y empleados que no fueron liquidados, irregularidades en el pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario, se ocasionó un daño al Estado por 339,812.82 lempiras, apuntó el TSC.
Asimismo, durante dicho período se efectuaron pagos por materiales y suministros sin contar con la documentación de soporte, ocasionando un daño económico de 329,269.19 lempiras.
Por la no retención e inconsistencias en cálculos de impuestos, así como por el pago incorrecto de dietas, el organismo detectó un perjuicio por 306,723.78 lempiras y 251,184.52 lempiras por excesos en uso de telefonía celular.
En total se contabilizaron daños al municipio por 2,139,533.21 lempiras.
Bienes no registrados
En el control interno del área de activos fijos de la Alcaldía de Santa Lucía, el TSC constató que algunos bienes inmuebles no están escriturados y, por lo tanto, no están registrados en el Instituto de la Propiedad a favor de dicha alcaldía.
Tampoco fue actualizado su valor catastral, apareciendo únicamente en el formato de inventario su costo histórico.
Estos inmuebles, 14 en total, fueron tasados en un valor de 14.2 millones de lempiras.
El Tribunal informó que a raíz de los hallazgos emitirá los pliegos de responsabilidad a funcionarios y empleados de dicha alcaldía, a fin de reponer el perjuicio económico ocasionado al Estado.
Quienes aparezcan señalados con responsabilidades podrán impugnar el presente informe dentro de un plazo de 60 días, contados a partir de la fecha en que le sean notificados los pliegos de responsabilidad de forma individual.
