El Ministerio Público (MP) acusó a tres personas por fraude y lavado de activos en el caso de la megaestafa en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entre estas a la extesorera de la entidad, quien ayer fue capturada.
El requerimiento fiscal fue presentado por el jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal, Roberto Ramírez Aldana, quien indicó que la acción penal se presentó porque los imputados recibieron dinero de “compañías de maletín o fantasma” que defraudaron al Seguro Social.
La extesorera, de 32 años, fue capturada por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) en Residencial Venecia de la capital y al momento de ser presentada ante los medios de comunicación rompió en llanto.
“Con esto estamos dando continuidad a la etapa de judicialización en el caso más importante, que es el caso de las ‘empresas fantasma y de portafolio’”, explicó Aldana.
El fiscal Aldana aseguró que Vivian Juárez recibió dinero de una de las “empresas de maletín”, pero sin precisar el monto.
“Vivian Juárez obtuvo pagos por ‘empresas fantasma’ y así está documentado en el requerimiento fiscal y el Ministerio Público está preparado para hacerle frente a este nuevo proceso”, remarcó.
Juárez compareció ayer ante un juez del Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán en audiencia de declaración de imputado en donde se le dictó prisión preventiva.
La próxima semana, la acusada se someterá a audiencia inicial para conocer si se le dicta auto de formal procesamiento o se emite sobreseimiento parcial o definitivo.
La línea de investigación de “empresas de maletín” tiene que ver con 10 sociedades que se crearon por funcionarios del IHSS y sus familiares por medio de las cuales recibieron unos 300 millones de lempiras de contratos de bienes y servicios que no fueron entregados.
La estafa en contra del IHSS asciende en total a más de 2 mil millones de lempiras al sumarse los montos de contratos sobrevalorados.
Los esposos millonarios
El segundo incriminado en esta causa es Marco Antonio Jaén Velasco, esposo de Gabriela Laínez Reina, quien se encuentra presa en Panamá a la espera de que se resuelva el pedido de extradición solicitado por el MP de Honduras, ya que también está procesada por mismos delitos que enfrenta su cónyugue.
Los esposos compraron 21 propiedades con dinero que “empresas de maletín” transfirieron a cuatro compañías de bienes inmuebles de las que son sus dueños.
Ramírez Aldana dijo que no podía revelar el nombre del tercer acusado, pero mencionó que este se encuentra fuera del país y que ya se hizo la petición ante la Policía Internacional (Interpol) para que le dé captura.
Por el descalabro del IHSS también están acusados el exdirector de la entidad, Mario Zelaya, quien enfrenta cuatro juicios y guarda prisión en el Primero Batallón de Infantería.
A Mario Zelaya se le imputan delitos como fraude, lavado de activos, abuso de autoridad y marlversación de caudales públicos.
Otros procesados son el exgerente administrativo Jose Bertetty (abuso de autoridad y malversación); los exmiembros de la junta directiva Carlos Montes y Javier Pastor (lavado de activos y cohecho pasivo e impropio).
Laínez Reina fue detenida a principios de 2015 en Panamá por la Policía Internacional (Interpol). Entonces le fueron congeladas cuentas bancarias y asegurados varios bienes inmuebles a su nombre.
La acusada era una de las propietarias de empresas de bienes raíces mediante las cuales se habría perpetrado lavado de dinero con el fin de beneficiar a los “cabecillas” del latrocinio: el exdirector del IHSS, Mario Zelaya Rojas; el exjefe administrativo, José Ramón Bertetty; y el exjefe de Compras, José Zelaya Guevara.
Ramírez Aldana presentó los requerimientos personalmente, pese a que trascendió que había salido del país a causa de amenazas a muerte que habría recibido semanas atrás.
Sobre los rumores el funcionario explicó que 'no entiendo con qué tipo de intereses, hayan malinformado o hayan filtrado información a los medios de comunicación acerca de que yo había salido del país. No he contestado llamadas ni nada porque tengo inhabilitadas las líneas telefónicas por razones de seguridad'.
El Ministerio Público había informado en febrero que nuevos requerimientos fiscales serían interpuestos contra empresas que sobrevaloraron el precio de los materiales en ventas al Seguro Social.
La Unidad de Apoyo Fiscal tiene en su poder 30 expedientes de investigación con información recopilada desde julio pasado.
Dichas líneas de investigación está relacionadas con contratos importantes que fueron suscritos por el Seguro Social y empresarios a nivel nacional así como la realización de obras físicas no concluidas y otras que fueron terminadas pero sobrevaloradas.
