TEGUCIGALPA, Honduras
Las llamadas telefónicas desde las cárceles del país siguen a la orden del día, pese a los bloqueos obligatorios ordenados por el gobierno.
Esta semana, reos llamaron a un canal de televisión para informar, desde el lugar de los hechos, todo los relacionado con el enfrentamiento que dejó un saldo de nueve reclusos y un oficial militar heridos.
Cuando el presentador le preguntó: ¿desde dónde nos llama?, el recluso, sin pena alguna, afirmó: “aquí, desde la Penitenciaría Nacional”.
Estos informes de primera mano, por parte de reclusos con vocación periodística, debieron encender las alarmas en el gobierno y específicamente en Conatel, ente encargado de aplicar las sanciones a las telefónicas que no hayan bloqueado las llamadas.
Sin embargo, hasta ayer Conatel no había emitido ninguna declaración.
EL HERALDO conoció de fuentes de entero crédito que algunos de los presos han encontrado dentro de la PN puntos de acceso a red.
En estos puntos, los reos han establecido una especie de aduana, es decir, el reo que quiera entrar para hacer una llamada debe pagar con recargas.
La metodología funciona así: el reo sabe en qué punto específico del recinto hay señal.
El dueño de ese punto tiene teléfono celular y lo presta al reo que quiere hacer una llamada.
Este reo paga cada minuto en efectivo y debe, además, solicitar a su pariente que envíe una recarga mínima de 25 lempiras una vez terminada la llamada.
El reo dueño del celular mantiene a su lado al que solicitó la llamada y este se va hasta que cae el mensaje indicando que se ha recibido la recarga de saldo.
Posteriormente, los reos siguen vendiendo los minutos de llamada.
El cobro se hace por minutos y si es en horas de la noche, la tarifa es más cara, comentó la fuente sin revelar el valor de las mismas.
A pesar de que una vez a la semana las autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) realiza pruebas al interior de la Penitenciaria Marco Aurelio Soto (PNMAS), no han podido detectar las fallas en el sistema.
“Ellos ya tienen identificadas las zonas de donde pueden llamar y cuando llegan los de Conatel dejan a “banderas” (vigilantes) para que no los dejen llegar a la zona no alcanzada por la máquina de bloqueo”, aseguró la fuente.
Las llamadas
Hace unos días se hizo pública la negociación de un peligroso pandillero, apodado “La Mafia”, quien guarda prisión en la cárcel de Támara y los directivos de uno de los gremios del transporte público, a quienes les estaban exigiendo una fuerte cantidad de dinero a cambio de no provocarles daño a ellos y a su familia.
Otro de los casos fue el del presunto pandillero alias “Max”, jefe de la mara Los Benjamins y quien fue trasladado de la cárcel de Choluteca al Primer Batallón de Infantería, ya que supuestamente desde la cárcel seguían cometiendo extorsiones y ordenando una serie de crímenes.
A pesar de estos hechos, las autoridades de Conatel han negado que se sigan realizando llamadas desde las prisiones.
Históricamente, los presos han ordenado desde las cárceles la comisión de diferentes delitos, entre ellos: asesinatos, extorsiones, secuestros y asaltos.
El viernes pasado, las autoridades carcelarias realizaron un operativo en la PNMAS decomisando al menos 50 teléfonos celulares, de los cuales no pudieron explicar de qué manera fueron ingresados ya que supuestamente el método de revisión de las visitas es minucioso para evitar la penetración de objetos peligrosos a manos de los reclusos.
Sin embargo, esos mecanismos también han fallado, ya que en los últimos días se reportó la muerte de un recluso a manos de otro preso que le disparó en varias ocasiones, mientras que otro resultó gravemente herido al explotarle una granada de fragmentación.
Responsabilidad
Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), señaló que es el gobierno quien debe gobernar en los centros penales y no lo mismos internos.
“El Estado tiene la responsabilidad de velar por la buena gestión de los establecimientos penitenciarios y por la administración interna de los mismos”, afirmó.
Señaló lo importante que es respetar los derechos humanos tanto de las personas privadas de libertad como de los encargados de la seguridad en las prisiones.
Herrera lamentó que varios reos resultaron heridos durante el traslado de 22 coordinadores o “torones” de los módulos a las celdas del Primer y Segundo Batallón, así como al módulo de máxima seguridad.
El gobierno se ha negado a revelar los nombres de estos 22 reclusos.
