Más de una docena de propiedades y bienes asegurados en los últimos dos días en San Pedro Sula, Omoa y Santa Bárbara, en el norte y occidente de Honduras, ya fueron puestos a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
'Hemos tomado posesión de 16 bienes, entre ellos 14 bienes inmuebles y dos vehículos', confirmó Claudia Solórzano, portavoz de la OABI.
Estos bienes consisten en un vehículo Lexus, una cuatrimoto, un apartamento y siete viviendas en San Pedro Sula, una hacienda en Santa Bárbara y cinco casas en Omoa.
'Estamos a la espera de que el Ministerio Público ponga a la orden de la OABI estos bienes y nosotros tomar posesión material de los mismos', indicó.
Con respecto al destino de las propiedades, Solórzano explicó que se hace una evaluación de los mismos y que los que se encuentran alquilados seguirán en esta calidad.
'Será la parte administrativa de esta oficina de gestión empresarial la que tomará las decisiones correspondientes sobre estos bienes', agregó.
Siguen operativos
Los operativos de aseguramiento continuaron hoy en la colonia Montecarlo, Trejo y Dubón de la capital industrial de Honduras, con la participación de la OABI, el Ministerio Público, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar de Orden Público.
Se informó que la lujosa vivienda de la Montecarlo era usada para hospedar a extranjeros, organizar orgías y reuniones privadas del crimen organizado.
Mientras que la casa de la Dubón fue descubierto un corredor que conecta con una calle de tierra y que supuestamente era utilizado como ruta de escape.
Y en la Trejo, la vivienda asegurada tenía hasta puertas blindades.
A la fecha, las autoridades han procedido a asegurar más de 60 casas, apartamentos, condominios y haciendas, así como automóviles y hasta un lujoso yate.
La Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) tiene en su poder documentos en los que se comprobaría que los propietarios de los bienes incautados eran socios de Rubén Mejía Mejía, alias “Yuquita”.
Sin embargo, los dueños de los bienes tienen el derecho de acreditar la legalidad de los mismos.
La investigación de este caso comenzó en el 2011 y tomó mayor fuerza con el asesinato de alias “Yuquita” y su padre en un período de seis meses.
