Tegucigalpa, Honduras
Honduras pedirá al gobierno de España que cese las deportaciones exprés en contra de compatriotas.
El gobierno español inició recientemente expulsiones expeditas de inmigrantes tras el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
El joven hondureño Raúl Olmedo, de 19 años de edad, fue el primero en ser repatriado bajo este nuevo mecanismo español.
EL HERALDO conoció que las autoridades españolas habrían violentado los derechos de este compatriota, ya que no se notificó sobre el caso al consulado en España.
El canciller por ley, Roberto Ochoa, dijo el viernes que Honduras abogará ante las autoridades españolas en favor de la comunidad hondureña en España.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas español establecen que actualmente hay alrededor de 40 mil connacionales viviendo en esa nación.
Solo en el primer semestre de 2014 se cuantifica una cantidad de 3,339 hondureños que ingresaron a la madre patria.
“Estamos hablando con el gobierno español para que de alguna manera estas deportaciones sean regularizadas”, dijo el canciller por ley.
Ochoa sostuvo que el gobierno de Honduras espera que estas deportaciones no afecten a la mayoría de compatriotas que reside en España.
“Hay que recordar que inmigrar a un país no es un delito... Yo no creo que (las deportaciones) vayan afectar a mayor cantidad de hondureños”, apuntó.
EL HERALDO intentó obtener una reacción sobre el particular con el embajador hondureño en España, Norman García, pero se informó que se encuentra de vacaciones.
Ingreso
Actualmente los hondureños no requieren visados para poder ingresar a suelo español, por los acuerdos que existen entre ambas naciones.
Sin embargo, un hondureños que llega a España únicamente puede permanecer hasta 90 días en esa nación.
Los connacionales que se quedan más de este período se exponen a una deportación expedita, advierten las autoridades.
Para ingresar a España se requiere un pasaporte vigente, documentos que justifiquen el objeto del viaje y comprobar que se dispone de medios económicos.
Las condiciones
En la actualidad existen cuatro circunstancias que permiten a una persona ilegal en España regularizar su estatus migratorio.
La primera es por arraigo social o laboral, la segunda por protección internacional, la tercera razones humanitarias y la cuarta posibilidad es la colaboración con autoridades administrativas, judiciales, policiales y fiscales.
Para acogerse al arraigo social la persona debe acreditar vínculos familiares con otros extranjeros con situación irregular (cónyuges, padres o hijos).
Además debe presentar un informe hecho por el Ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual.
Arraigo laboral
En el caso del arraigo laboral la persona o empresa interesada puede hacer la solicitud ante el órgano competente, previo al cumplimiento de varios requisitos.
Por protección internacional se concede regularización a extranjeros desplazados o personas a quienes se les ha rechazado una solicitud de asilo.
Personas víctimas de delitos racistas o de otra clase de discriminación aplican por razones humanitarias.
Quienes colaboren con las autoridades en hechos o casos de impacto también pueden regularizar su estatus en España.
Lo que sí pueden hacer los connacionales que residen ilegalmente en la madre patria es empadronarse en un ayuntamiento de su localidad.
Esto les permite acceder a los servicios de salud (en algunas comunidades desde el inicio del mandato de Mariano Rajoy), educación y transporte.
Para empadronarse se requiere justificar que la persona reside en dicha comunidad mediante documento de renta de piso o posesión de vivienda.
El Instituto Nacional de Estadística de España señala que en 2008 llegaron 4,551 personas de nacionalidad hondureña a esa nación.
Establece que en el 2009 llegaron 3,695 hondureños.
En 2010 fueron 4,703, en 2011 llegaron 6,261, en 2012 llegaron 5,285, en 2013 llegaron 4,342 y en el 2014 arribaron a ese país 3,339 compatriotas. España es el segundo destino, después de Estados Unidos, de decenas de hondureños que se ven obligados a dejar el país por falta de oportunidades.
Con el mecanismo de deportaciones exprés el gobierno español pretende tramitar en períodos máximos de 72 horas la deportación de personas ilegales.
