Honduras

Piden esclarecer asesinatos de abogados en Honduras

Profesionales del derecho solicitaron al presidente Juan Orlando Hernández desplazar al subdirector de la Policía Nacional a Catacamas para ubicar a autores materiales e intelectuales de defensora pública.

24.10.2014

Tegucigalpa, Honduras

Ante la escalada de criminalidad contra operadores de justicia de Honduras, abogados agrupados en diversas organizaciones gremiales solicitaron este viernes que se esclarezca el asesinato de la defensora pública Iris Argueta, acribillada ayer en Catacamas, Olancho.

En un comunicado público emitido hoy por la Asociación de Jueces por la Democracia y la Asociación de Fiscales de Honduras, condenaron el crimen contra la abogada, el cual calificaron como 'asesinato cruel, cobarte, reprochable e indignante'.

Destacaron que Argueta se encontraba 'ejerciendo su cargo con honradez y dedicación en defensa de los ciudadanos que no tienen capacidad económica para contratar los servicios privados de un profesional de derecho'.

De igual manera, condenaron 'repugnantes asesinatos de las fiscales Marlen Banegas y Olga Eufragio', por los que exigieron a las máxima autoridades de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y del Ministerio Público, redoblar esfuerzos en coordinación con la Secretaría de Seguridad para 'descubrir a los responsables de las muertes de estas tres ejemplares ciudadanas y otros que a la fecha se encuentran en la impunidad y que ifrendaron sus vidas al servicio de la Patria'.

Los profesionales del derecho pidieron expresamente al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, 'desplazar de inmediato hacia Catacamas, Olancho, al subdirector de la Policía Nacional para efectos de coordinar en el lugar la investigación' del crimen contra Argueta.

Además, remarcaron que 'no abandone esa ciudad hasta que se haya descubierto a los autores materiales e intelectuales de tan abominable hecho y ponga a la orden del Ministerio Público las pruebas irrefutables de su participación'.

Finalmente, instaron al establecimiento de una política criminal de prevención para acompañar el endurecimiento de penas contra homicidas de operadores de justicia con medidas que eviten la comisión de dichos delitos, así como, la profesionalización de la investigación criminal y la reinserción social.

Esta semana, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la figura de cadena perpetua para quienes amenacen, atenten o asesinen a cualquier operador de justicia.

La medida fue adoptada tras una reforma al Código Penal, en respuesta al asesinato de dos fiscales del Ministerio Público en San Pedro Sula, al norte de Honduras.