Tegucigalpa, Honduras
Después de una larga deliberación, el Congreso hondureño declaró inadmisible la petición de someter a un juicio político al fiscal adjunto Rigoberto Cuéllar.
Con una votación de 78 votos a favor del no, 43 a favor del si y 7 abstenciones, se dio por concluido el histórico debate iniciado a las 11 de la mañana de este jueves.
Aunque no se concretó, es la primera vez en la historia legislativa que se pide al Congreso Nacional iniciar un proceso de juicio político y es la primera solicitud con base a la Ley Especial del Juicio Político en vigencia desde el año 2013.
El fiscal Rigoberto Cuéllar fue denunciado por el diputado del opositor partido de izquierda Libertad y Refundación, Edgardo Castro, quien pidió se iniciara una investigación para proceder a un juicio político.
Castro argumentó que el fiscal Cuéllar otorgó irregularmente licencias ambientales, venta de transformadores propiedad de la estatal Empresa de Energía Eléctrica (ENEE), ampliación de permisos ambientales para el sector minero y operación de Gas del Caribe, pretensión de reformar la ley para despojar de sus tierras a los pueblos lencas, manipulación de contratos y concesionamiento de exploraciones petroleras.
Los diputados consideraron que si hubo irregularidades en estos hechos denunciados fue cuando el fiscal adjunto ocupaba la titularidad de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y no ahora que el denunciado se desempeña como fiscal.
Se argumentó en el debate que tres son las causas para iniciar una investigación conducente a someter a un juicio político a los funcionarios, primero ser objeto de una denuncia grave, una actuación contraria a la ley en el desempeño del cargo y mostrar negligencia e incapacidad.
Ninguno de estos causales acreditó el diputado de Libre, Edgardo Castro, en su escrito presentado al Congreso, razón por la cual fue desestimado.
Vale mencionar que la bancada del partido Libre votó en bloque a favor de la investigación.
Después de una larga deliberación, el Congreso hondureño declaró inadmisible la petición de someter a un juicio político al fiscal adjunto Rigoberto Cuéllar.
Con una votación de 78 votos a favor del no, 43 a favor del si y 7 abstenciones, se dio por concluido el histórico debate iniciado a las 11 de la mañana de este jueves.
Aunque no se concretó, es la primera vez en la historia legislativa que se pide al Congreso Nacional iniciar un proceso de juicio político y es la primera solicitud con base a la Ley Especial del Juicio Político en vigencia desde el año 2013.
El fiscal Rigoberto Cuéllar fue denunciado por el diputado del opositor partido de izquierda Libertad y Refundación, Edgardo Castro, quien pidió se iniciara una investigación para proceder a un juicio político.
Castro argumentó que el fiscal Cuéllar otorgó irregularmente licencias ambientales, venta de transformadores propiedad de la estatal Empresa de Energía Eléctrica (ENEE), ampliación de permisos ambientales para el sector minero y operación de Gas del Caribe, pretensión de reformar la ley para despojar de sus tierras a los pueblos lencas, manipulación de contratos y concesionamiento de exploraciones petroleras.
Los diputados consideraron que si hubo irregularidades en estos hechos denunciados fue cuando el fiscal adjunto ocupaba la titularidad de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y no ahora que el denunciado se desempeña como fiscal.
Se argumentó en el debate que tres son las causas para iniciar una investigación conducente a someter a un juicio político a los funcionarios, primero ser objeto de una denuncia grave, una actuación contraria a la ley en el desempeño del cargo y mostrar negligencia e incapacidad.
Ninguno de estos causales acreditó el diputado de Libre, Edgardo Castro, en su escrito presentado al Congreso, razón por la cual fue desestimado.
Vale mencionar que la bancada del partido Libre votó en bloque a favor de la investigación.
Más temprano este jueves, el vicepresidente del Congreso, Antonio Rivera Callejas, adelantó que la bancada del gobernante partido Nacional analizó la solicitud llegando a la conclusión que no hay méritos para investigar al fiscal adjunto.
El Congreso Nacional aprobó en enero de 2013 el juicio político, figura constitucional que busca deducir responsabilidades a los titulares de los tres poderes del Estado y otros altos funcionarios que cometen abusos de autoridad en el desempeño de sus funciones.
El juicio político fue una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad nombrada por el Ejecutivo para investigar los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio de 2009.
