El Ministerio Público (MP) encontró pagos irregulares a tres exfuncionarios del anterior gobierno, lo que constituye el cuarto caso que conocen los tribunales de justicia por corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Una sublínea de investigación por lavado de activos fue traducida en un requerimiento fiscal interpuesta hace unos días en el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional.
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal del Ministerio Público acusó a los exdirectivos del IHSS, Carlos Montes Rodríguez y Javier Pastor Vásquez.
Asimismo, al exdirector de dicho centro asistencial, Mario Zelaya.
Los acusa por suponerlos responsables de los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo impropio (conocido como soborno).
“La Fiscalía hizo del conocimiento de un Juzgado con Jurisdicción Nacional el requerimiento fiscal, en el cual fundamenta jurídicamente las imputaciones a estas personas, que en términos generales se traducen en que los ahora acusados exigieron a una empresa privada el pago de ‘beneficios’ (coimas) por la agilización en la tramitación de pagos a los representantes de dicha empresa por los contratos que en su momento suscribieron con el Seguro Social a razón de la adquisición de bienes o prestación de servicios”, cita un comunicado oficial del Ministerio Público, que leyó el director de Fiscalías, Rolando Argueta, en rueda de prensa.
Según el requerimiento fiscal, se efectuaron contratos de manera ilegal con los tres acusados.
“Son sobornos que, por cada uno de los acusados, superan los 100,000 dólares”, informó el director de Fiscalía, quien compareció ante periodistas junto al jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal, Roberto Ramírez Aldana, encargado de la investigación.
En el Juzgado trascendió que el pago de los sobornos a Montes ascendería a 150,000 dólares. Pastor habría recibido 100,000 dólares. No se informó el nombre de empresas que se acercaron a los acusados, calificadas como “fantasma”.
Trama
Los imputados fueron parte del Comité de Inversiones del Instituto Hondureño de Seguridad Social, instancia en la cual se tomaba la decisión de priorizar pagos.
“Esta condición supuestamente fue aprovechada por los procesados para obtener ventajas económicas ilegales, las cuales una vez obtenidas eran ocultadas para disimular su procedencia ilícita y darle apariencia de legalidad una vez incorporadas al sistema financiero a través de cheques y transferencias que les fueron librados y enviados a nombres de terceras personas”, manifestó Argueta.
Asimismo integraron el Comité de Seguimiento en cumplimiento al contrato.
Adelantó que en caso de ser necesario se ampliaría acusaciones contra los supuestos empresarios que habrían sobornado a los dos exdirectivos del IHSS y al exdirector de dicho centro asistencial.
“El Código Procesal Penal otorga la posibilidad a la parte acusadora, en este caso el Ministerio Público, la posibilidad de poder ampliar o modificar la acusación en base a unos hechos imputados”, manifestó Argueta.
Los fiscales identificaron a 12 “empresas fantasma, de maletín o fachada” de las cuales se individualizaron entre seis a diez compañías, por las cuales se documentan 46 personas de las 320 vinculadas a estos ilícitos.
