La Fiscalía del Consumidor pidió este jueves a la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) deducir las responsabilidades correspondientes a los diputados Nelson Abdalah Ghawi y Darío Alberto Mejía Valdivieso, acusados por el caso de Ciudad del Ángel.
La fiscal especial del Consumidor, Sara Sagastume, y el coordinador de la Fiscalía del Consumidor, Luis Javier Santos, ofrecieron esta mañana una conferencia de prensa en la que instaron al Poder Judicial a proceder en contra de los legisladores en su condición de funcionarios.
Las autoridades de la fiscalía interpusieron en las últimas horas un requerimiento contra Nelson Abdalah Ghawi y José Valery Boris Espinal Ponce, quienes en su momento se desempeñaron como Director de Ordenamiento Territorial y técnico asignado a la Unidad de Gestión Ambiental (UGAM) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), respectivamente.
A Nelson Ghawi, la Fiscalía le imputa 22 delitos de abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública, mientras a Espinal Ponce y al ingeniero Forestal Darío Alberto Mejía Valdivieso, extitular de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), los supone responsables del delito de violación de los deberes de los funcionarios.
De acuerdo a investigaciones del Ministerio Público, en 2005 la empresa Bienes y Raíces Arias presentó solicitud de licencia ambiental a la SERNA, a través de la UGAM de la AMDC, en el marco del “Convenio para la Descentralización de la Gestión Ambiental y Cooperación Interinstitucional entre la SERNA y la AMDC”.
Dicha licencia ambiental del proyecto fue aprobada en junio del 2006, previo firma de Contrato de Medidas de Mitigación.
'Producto de la tramitación de esta solicitud, se realizaron una serie de inspecciones y se obtuvieron diferentes opiniones técnicas o dictámenes mismos que evidenciaron el riesgo que técnicamente suponía la construcción del proyecto habitacional, cabe señalar que según el Convenio en referencia sería la UGAM la encargada de dar control y seguimiento a los contratos de medidas de mitigación', informó la Fiscalía del Consumidor a través de un comunicado.
El documento señala además que 'durante tuvo vigencia la licencia ambiental, ambas instancias tanto la SERNA como la AMDC no hicieron el control y seguimiento a que estaban obligadas, así mismo ninguna de las dos instituciones a través de los departamentos correspondientes les exigieron a los desarrolladores del proyecto la presentación de los informes que debían presentar semestralmente de conformidad al contrato de medidas de mitigación”.
Por lo anterior, la fiscalía solicita a la CSJ que se nombre el juez natural para conocer de esta causa y se cite en legal y debida forma a los imputados para el desarrollo de las respectivas audiencias de declaración de imputado.
El proyecto habitacional Ciudad del Ángel se realizó sobre una falla geológica que al activarse provocó la destrucción de viviendas y calles vehiculares.
Un informe del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) declaró que la zona es de alto riesgo e inhabitable.
