Honduras

Piden investigar torturas contra migrante hondureño en México

La víctima reveló que fue obligado a limpiar zapatos y dar su vestimenta a otros, entre otros vejámenes.

24.07.2014

Tegucigalpa, Honduras

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, instó este jueves a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México a investigar la denuncia en contra de las autoridades policiales mexicanas por torturas contra un migrante hondureño.

Cáceres informó que el compatriota Ángel Amílcar Colón, un defensor de los derechos humanos del pueblo garífuna, habría salido de Honduras en enero del 2009 con destino a Estados Unidos, en busca de trabajo para pagar un tratamiento médico a su hijo gravemente enfermo,

Sin embargo, Colón fue detenido en Tijuana, en la frontera norte de México, en marzo del mismo año.

Ahí, habría sido objeto de torturas y discriminación racial, al tiempo que le fue violentado el derecho al debido proceso, de acuerdo al ombudsman de Honduras.

Ante tal situación, el funcionario hondureño extendió su llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) de México, a investigar de manera inmediata el caso y someter ante la justicia a los responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos en perjuicio del migrante hondureño.

'Queremos saber la situación en que se encuentra, la etapa del proceso, el por qué de tanto retraso, por qué fue víctima de torturas, y por qué aún no es liberado', manifestó Cáceres.

Indicó que también está en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos con el objetivo de unificar esfuerzos en la defensa del hondureño que se encuentra detenido en México.

El reporte de Amnistía Internacional señala que en marzo del 2009, unos agentes de la policía mexicana hicieron una redada en la casa donde un 'coyote' local había obligado a Ángel Amilcar Colón a quedarse antes de llevarlo al otro lado de la frontera.

Al momento de su detención, Colón fue golpeado por agentes de la Policía Estatal Preventiva de Baja California, que lo obligaron a caminar de rodillas, establece el documento.

Añade que, más tarde, dijo a su abogado y al juez que, durante las 16 horas siguientes, había sido sometido a torturas y otros malos tratos por agentes de la policía estatal y federal y por miembros del ejército.

Durante ese tiempo lo amenazaron, lo semiasfixiaron y lo humillaron, entre otras cosas, llamándole una y otra vez 'pinche negro', establece el informe.

'Me pusieron a limpiar los zapatos de otros detenidos con mi saliva, dar mi vestimenta a otros, realizar posturas militares que no sabía cómo hacerlas, me insultaban. La cosa es que me convirtieron en el payaso que divierte a su público', reveló el afectado.

Ángel Colón habría sido obligado a firmar una declaración, misma que fue utilizada para acusarlo de delitos de delincuencia común organizada.

Pese a que cuando compareció ante un juez se retractó de esa declaración y denunció la tortura y otros malos tratos sufridos, su declaración inicial se ha utilizado como prueba para procesarlo y para recluirlo en espera de juicio en una prisión federal en Tepic, estado Nayarit.

Investigaciones de Amnistía Internacional revelan que hasta ahora la Procuraduría General de la República (PGR) no ha investigado las torturas de las que fue objeto.

A principios del 2014, Ángel Colón fue examinado por expertos internacionales independientes en medicina forense que concluyeron que los indicios médicos de tortura coincidían con su denuncia.

Esta prueba se ha presentado a los tribunales, pero la PGR se ha negado a retirar los cargos, según el documento.

Amnistía Internacional considera a Ángel Colón “preso de conciencia”, ya que fue sometido a torturas y otros malos tratos a causa de su origen afrodescendiente garífuna.

Una encuesta encargada recientemente por Amnistía Internacional reveló que el 64 por ciento de las personas encuestadas declararon tener miedo de sufrir torturas en caso de ser puestas bajo custodia.

El informe establece que cualquiera puede ser víctima de tortura pero quienes corren más riesgo son los que migran desde Centroamérica, sin visado y atravesando las zonas más peligrosas, en la ruta a Estados Unidos.