El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, inauguró este lunes el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales en Honduras, mediante el cual se pretende reforzar el acceso a la justicia en el país.
Dicho programa plantea un acercamiento del sistema judicial al ciudadano que habita en áreas rurales más aisladas, estableciendo un servicio con cobertura nacional, administrado por el Poder Judicial.
Mediante el mismo se espera eficientar el sistema judicial de Honduras, reduciendo costos y humanizando la justicia, contribuyendo a una mejor percepción.
'Los facilitadores han sido elegidos por su comunidad, no son ya los mismos de antes, han sido investidos por la gente con la que viven cotidianamente para ayudarles, para dirigirles, para orientarles, no para mandarlos', manifestó Insulza durante el evento de lanzamiento que tuvo lugar en un hotel de la capital de Honduras.
'Este programa es para nosotros un orgullo, porque hay programas de mediación en otras partes, pero este programa específico se desarrolló aquí en Centroamérica', añadió.
Para ser facilitador judicial, el candidato debe ser: mayor de edad; vivir en el barrio, comunidad o aldea que lo propone y ser un líder reconocido; no tener antecedentes penales, no ejercer cargo de ninguna índole político partidario y no ser militar activo.
El facilitador es electo por los pobladores a través de asambleas y en presencia de un juez. Es nombrado por ese juez y acreditado por la Corte Suprema de Justicia.
Su labor es auxiliar a la CSJ en acciones como: citaciones, inspecciones, mediaciones. Dan asesoramiento y consejería y, en caso de ser requerido, acompañan a los usuarios a efectuar ciertos trámites.
En los casos que no son de su competencia o donde las partes no lleguen a un acuerdo, serán remitidos a la autoridad competente.
Su “competencia” está circunscrita a su barrio, comunidad o aldea, pueden atender en su casa o en sitios donde se pueda mantener una conversación abierta y privada.
De acuerdo a testimonios de operadores de justicia y autoridades locales de las nueve países latinoamericanos donde se ha aplicado el modelo, se ha registrado una reducción de la conflictividad y del índice de delitos.
La iniciativa tendrá una fase introductoria de cuatro años en Honduras y otros países como Nicaragua, con una inversión estimada de 20 millones de dólares.
