Legisladores de la Cámara de Representantes exigieron al Departamento de Estado de Estados Unidos presionar al gobierno de Honduras a la protección de los derechos humanos y asegurar el imperio de la ley.
Al menos 100 representantes analizaron la situación de deterioro de los derechos humanos en Honduras.
La carta al secretario de Estado, John Kerry, fue firmada por 108 miembros del Congreso, liderados por el representante demócrata del Estado de Illinois, Jan Schakowsky.
Los legisladores se suman a la preocupación de los organismos internacionales por los asesinatos dirigidos a periodistas y abogados que luchan por los derechos humanos o los derechos de las tierras.
Asimismo, consideran que el gobierno de Juan Orlando Hernández 'tiene que adoptar políticas que amenazan con crear una situación peor', con la promoción de la militarización de las fuerzas policiales y usar al ejército para el cumplimiento de la ley.
En la carta, también se llama al Departamento de Estado a evaluar el apoyo de Washington para el entrenamiento de los policías y militares hondureños.
Sin embargo, los legisladores resaltan que en las pasadas semanas, los brotes de violencia continúan con el mismo patrón.
Asimismo, recuerdan que el Departamento de Estado conoce de la severidad de los abusos de los derechos humanos en Honduras y describió 'la corrupción, la intimidación y la debilidad institucional del sistema de justicia que permite la impunidad', además de 'los ilegales y arbitrarios asesinatos de las fuerzas de seguridad, el crimen organizado y otros'.
Para el caso, mencionan a Carlos Mejía Orellana, director de marketing de Radio Progreso, con un enfoque crítico del gobierno, que fue apuñalado en El Progreso.
Este asesinato generó que el senador demócrata de Virginia, Tim Kaine, dijera que 'muy frecuente en Honduras, los funcionarios minimizan las amenazas y los ataques contra los periodistas y cuestionan si la violencia está conectada con la profesión de las víctimas'.
Además cuestiona que los homicidios, muchas veces, son ligados a motivos personales o por asaltos.
En este nivel queda el caso del alcalde del municipio de Iriona, Colón, Aníbal Duarte, asesinado la semana anterior frente a su familia en un hotel.
También recuerdan la muerte de un funcionario forestal del gobierno, José Alexander González, quien trabajaba en la biosfera del Río Plátano.
Otro caso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó fue la muerte del abogado Orlando Orellana (75), quien llevaba el caso por una disputa de propiedades en San Pedro Sula.
Asimismo causa preocupación el aumento del número de niños y jóvenes víctimas de la violencia en Honduras.
También recoge el informe presentado por Casa Alianza que registra la muerte de 270 niños y jóvenes que han sido asesinados en los primeros meses de este año.
Lamentan también el incidente del director de Casa Alianza con miembros de la Policía Militar.
Además registran el desalojo de los miembros de Libre en la protesta que protagonizaron en el Congreso Nacional.
El jueves, funcionarios del gobierno de Estados Unidos firmaron un acuerdo con autoridades hondureñas para mejorar la seguridad, combatir la impunidad y fortalecer los derechos humanos.
