La junta directiva 2010-2014 del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) aprobó, sin tener capacidad de pago, un endeudamiento de la institución con la banca privada que hoy en día asciende a 628.9 millones de lempiras.
Según el documento presentado por la Comisión Interventora del IHSS, la autorización se hizo mediante resolución No. SOJD No. 01-17-12-2010, aprobada en la sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2010.
“La junta directiva del IHSS resolvió autorizar a la Dirección Ejecutiva para que gestione la obtención de un préstamo puente en la banca privada hasta por 327 millones de lempiras”, indica el informe.
El director ejecutivo del IHSS, Mario Zelaya, “fundamentó la solicitud de crédito a la banca privada en la crisis financiera que atravesaba el instituto”, para ese entonces las deudas inmediatas ascendían a 270 millones de lempiras.
El documento explica que Zelaya indicó que el préstamo sería con “carácter temporal” hasta obtener la autorización de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS) para que el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) otorgara un préstamo al régimen de Enfermedad Maternidad (EM).
Este préstamo entre regímenes se realizó meses después por un monto de 600 millones de lempiras.
La Comisión Interventora asegura en el informe que “De la relatoría del Acta, se obtiene que el mismo director ejecutivo y los miembros de la junta directiva reconocían que la autorización de la CNBS era bastante improbable dado que la Ley del IHSS prohíbe de forma clara este tipo de transferencias entre regímenes”.
Pese a que el panorama para el pago de la deuda con la banca privada no era claro, las autoridades de la junta autorizaron a Zelaya para solicitar el préstamo.
Votos
Según consta en el acta, a favor de esta determinación votaron Carlos Montes, quien presidía la junta como viceministro de la Secretaría de Trabajo; Benjamín Bográn y Fabricio Vásquez, como representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), e Hilario Espinoza, como representante de la Central de Trabajadores de Honduras (CTH).
Hubo una abstención de Fernando García, representante del Cohep.
Mientras Odessa Henríquez, representante del Colegio Médico de Honduras (CMH), realizó un voto condicionado.
El informe dice que Henríquez “demandaba que posteriormente el director ejecutivo demostrara que las deudas del instituto quedarían totalmente saldadas al ingresar los fondos del préstamo’.
En contra de esta decisión votó Luis Mayorga, representante de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), quien dejó en el acta constancia de irregularidades en la resolución.
Según el informe, Mayorga señaló “que se había incorporado un tercer resolutivo autorizando al director ejecutivo para negociar un préstamo por 400 millones de lempiras” con un banco, no obstante dicha decisión no fue discutida ni aprobada por los miembros de la junta directiva.
La deuda
A la fecha existen siete líneas de crédito de la institución que ascienden a más de 628.9 millones de lempiras. Esto representa una carga mensual para el IHSS de 64.6 millones de lempiras que automáticamente se debita de las cuentas recaudadoras que el instituto mantiene en los bancos.
El documento detalla que “estos saldos en líneas de crédito han representado al IHSS un costo de 117.5 millones de lempiras en intereses durante el período comprendido de 2011 al 2013.
Además se indica que “con dichas líneas de crédito se realizaron pagos por más de 325 millones de lempiras que no se encuentran debidamente registrados ni documentados”.
Y señala que fueron cancelados “únicamente con la autorización del doctor Mario Zelaya Rojas en su condición de director ejecutivo, quien tenía firma autorizada en todos los bancos”.
La Comisión Interventora concluye que “las autoridades de dirección y administración del IHSS no cumplieron con el procedimiento legal a que está sometido el instituto para la obtención de créditos y para que surta efecto el otorgamiento de garantías”.
Señala que “el uso de líneas de crédito ha causado al IHSS un sobreendeudamiento a las finanzas ya deterioradas, no obstante que las justificaciones de tal endeudamiento obedecían a su saneamiento y recuperación”.
Y asegura que “el desorden administrativo, además de agravar la crisis financiera del instituto, ha repercutido desfavorablemente en la prestación de servicios. A la fecha del presente informe, el instituto no cuenta recursos necesarios para la atención de los derechohabientes y sus familiares”.
