Los mismos privados de libertad destruyeron las celdas de máxima seguridad porque “la cárcel fue mal construida”.
En esos término se refirió Ramón Nolberto García, inspector general de centros penales, después de que EL HERALDO diera a conocer que la obra, que costó 89 millones de lempiras, apenas alberga a 17 reos de bajo perfil y que incluso se “cae a pedazos”.
García comentó que “de esto ya el señor administrador que está encargado de las celdas de máxima seguridad pasó un informe a la Comisión Especial de Transición y al director nacional del Instituto Penitenciario para que sean los mismos ingenieros que tiene el Instituto Penitenciario quienes hagan las reparaciones”.
Además de eso, dijo que “ya se envió el presupuesto que se gasta para tener al cien por ciento estas instalaciones y así poderlas usar, porque debido al problema que existe en este momento no pueden ser habitables”.
Por parte de los juzgados de Ejecución se ha prohibido el ingreso de privados de libertad, pero es porque no han reunido las condiciones ya que los mismos privados de libertad las destruyeron en fechas anteriores, pero que ya se están tomando cartas en el asunto para que sean reparadas, prosiguió.
Al funcionario se le consultó para cuándo se tiene previsto enviar más reos a las celdas de máxima seguridad y comentó que “cuando ya estén reparadas y esto depende no de nosotros, sino de la parte administrativa, para ver en qué tiempo tienen los recursos para hacer efectiva la compra de los materiales que allí se necesitan y así poder hacer uso de estas celdas”.
Consultado del porqué solo 17 reos ocupan la obra millonaria, explicó que actualmente solo hay ese número y no todos los privados deben estar allí, por lo que “hay un consejo técnico que es el que determina si debe ir o no debe ir esa persona y si hubieran más personas privadas de libertad que ameritaran estar en esa cárcel de máxima seguridad, estarían más”, aseguró Ramón Nolberto García.
Dictamen
Las condiciones que debe reunir un reo para enviarlo a la celda de máxima seguridad lo dictamina un consejo técnico, que es un grupo de profesionales que, conjuntamente con el director de la Penitenciaría Nacional se reúnen porque independientemente un privado de libertad debe tener un delito muy grande, “pero si dentro de la cárcel tiene un buen comportamiento no hay porqué mandarlo a las celdas de máxima seguridad y para que ingrese una persona debe haber un mal comportamiento, hay privados de libertad que continuaban haciendo extorsiones desde afuera y se les descubrió y es posible que por eso están en celdas de máxima seguridad”.
“Hay 17 personas en las celdas de máxima seguridad y más bien en estos momentos el Juzgado de Ejecución quisiera que no hubiera ninguno porque no reúne las condiciones por el mal estado en que se encuentran las celdas, que los mismos privados de libertad las destruyeron”, enfatizó el inspector de centros penales.
Mal construida
“Los mismos privados de libertad destruyeron las celdas de máxima seguridad porque la cárcel fue mal construida”, aseguró.
Se le consultó si es que tenían pinceles y dijo: “Pues no. Cuando entran a la cárcel, parece que hasta con la uña empiezan a deteriorar los bloques”.
¿Fue una mala construcción y no es confiable meter a reos peligrosos?, se le consultó, y respondió que “eso es posible, que hay una mala construcción, mala calidad del material con que hicieron ese trabajo y por esa razón tenemos el problema que ellos mismos la deterioraron”.
García desconoce cuánto es la inversión que se hizo en la Penitenciaría Nacional pero sí aseguró que “es millonaria” y están en proceso de reparación para darle el uso.
En relación a los reos considerados de alta peligrosidad, llegan al centro penal “como cualquier otro privado de libertad”.
Una vez que está dentro del centro penitenciario y esa persona tiene un mal comportamiento y amerita porque comete cualquier falta, es enviada a esas celdas de máxima seguridad. Pero por el simple hecho de que esta persona a quien no se le ha comprobado de que sea narcotraficante o extorsionador, no va a las celdas de máxima seguridad.
“Hasta este momento no está contemplado así, no porque yo lo diga, sino porque así es, sino que esta persona una vez que comete dentro del establecimiento penitenciario y sigue teniendo algún tipo de poder dentro del penal sí aplica mandarlo a máxima seguridad”, reflexionó.
Por su parte, Santos Siméon Flores Reyes, director de Centros Penales, considera que “aunque la cárcel sea de acero, el ser humano siempre es destructor y pensemos en eso. Me parece que las acciones que debe tomar el Estado es fortalecer esas acciones, porque es una medida disuasiva y en algún momento poner aquellos privados de libertad que son insoportables que no los aguantan”.
Los miembros del comité técnico “son los responsables de que las celdas de máxima seguridad estén vacías o llenas, porque eso es lo que establece la ley”, explicó Flores Reyes.
“A mí como director me corresponde que los reos estén cuidados y que no se fuguen”.
Mencionó que los centros penales no están custodiados por agentes Cobras porque ese es un órgano desconcentrado, pero lo que es cierto es que hay personal que estuvo en ese ente policial, pero ahora no, por lo que estoy pidiendo 1,500 hombres para renovar los cuadros. Allí no hay ningún policía “Cobra”, todo es policía penitenciario”.
Solo seis meses
El mismo comité que se reúne establece el tiempo en que un reo debe estar en una celda de máxima seguridad, donde lo máximo son seis meses.
En ese tiempo es posible que la persona se enmienda, por lo que se vuelve a poner en las celdas normales y observar su comportamiento y si vuelve a cometer errores regresa a la celda de máxima seguridad.
“Ahorita hay problemas con reos porque tienen más de un año de estar en las celdas de máxima seguridad, el problema es que sus vidas corren peligro y no pueden estar en otros espacios físicos. Y el problema no solo lo tienen allí sino que en el resto de los centros penitenciarios. Y se está buscando una forma de cómo construir otro tipo de celdas para tener a estas personas privadas de libertad”, confió Ramón García.
En relación a que aún salen llamadas de los centros penales, comentó que en algunos sectores de los centros penitenciarios del país “caen algunas llamadas y eso se tiene que hablar con las empresas Tigo y Claro para que arreglen el problema que existe en algunos centros penales, no en todos, por lo que varios directores están haciendo el informe al director nacional del Instituto Nacional Penitenciario, Santos Simeón Flores Reyes y al presidente de la Comisión de Transición, Servando Alcerro”.
“Hemos andado supervisando los 24 centros penales del país, este bloqueo a los teléfonos celulares no lo hemos visto y hay algunos espacios dentro de los centros penitenciarios donde hay poca señal, es decir, que pueden salir llamadas telefónicas”, concluyó Ramón Nolberto García.
