La rectora interina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, aseguró que vigilará lo que ocurre en el Ministerio Público, pero que en seis meses ya se podrán medir los resultados de las autoridades recién nombradas.
Aunque dijo esta función la realizará a título personal, ya que 'como ciudadana nos involucramos en el proceso porque la juventud se merece un país diferente, nosotros recibimos otro país que nuestros hijos han heredado'.
En ese sentido, dijo que en Honduras hay problemas con la criminalidad, impunidad, por lo que todos los años Transparencia Internacional lo coloca entre los tres primeros países corruptos de América Latina.
'Hay que esperar seis meses creo yo, para que podemos tener indicios de si hay cambios o los señalamientos que se han hechos públicamente se fortalecen', expresó.
Agregó que ahora todo trabajo se mide por resultados, por lo serán los indicadores los que reflejarán si con las nuevas autoridades han cumplido con estos objetivos.
'Los indicadores tiene que arrojar otros resultados, porque a quién le importa que se diga que ha disminuido la violencia, los delitos, las cifras están, eso se mide con resultados'.
Sin embargo, Castellanos consideró que tal como está la situación en Honduras, cualquier acción positiva que se haga 'se nota, por pequeña que sea'.
Asimismo, resaltó que las personas que asumen en estos cargos se enfrentan a grandes problemas, enemistades, amenazas a su familia y presiones, por lo que tiene que estar muy concientes de quiénes son sus amigos.
'Por eso es que las pruebas psicométricas son importantes, porque miden una cantidad de atributos que van más allá si la persona tiene un alto conocimiento teórico, que es importante, pero no el único'.
Por otro lado, calificó de penoso el papel desempeñado por las universidades privadas y pública en el proceso que se eligió al fiscal general y el fiscal adjunto.
'Es penoso el papel de las universidades privadas y las cinco universidades públicas y nosotros estamos haciendo las valoraciones de lo que significa esta acción en la conyuntura del país'.
Recordó que el rector de la Universidad Politécnica de Ingeniería de Honduras (UPI), Luis Eveline, no participó en el planteamiento de parámetros de evaluación, pero despúes quiso cambiarlos.
Eveline aseguró tener la presión de 19 universidades
que se quejaban porque querían que se aceptará a los candidatos que habían propuesto, muchos de ellos profesores y conferencistas.
En ese momento, Eveline expresó que 'la rectora no tiene la última palabra. ¿O se quiere hacer un artículo de la Constitución que Julieta Castellanos tiene la última palabra en el país? ¡Es un error, yo soy hondureño y tengo voz!'.
Sin embargo, Castellanos dijo que 'el argumento era que como profesores que son conferencistas se iban a pararse frente a sus alumnos si habían salido mal, pero lo raro es que ningún profesor entró de candidato, ahí queda al descubierto que ese argumento no correspondía a los hechos'.
Agregó que 'yo creo que las universidades privadas han dado una demostración bastante penosa, privadas y públicas, esa es la ventaja de tener autonomía porque podemos tener un criterio independiente'.
Julieta Castellanos fue parte de la Junta de Proponentes, de la cual se retiró porque los siete miembros hicieron una modificación al proceso de selección de los candidatos y ella estaba en contra, junto al representante de la Alianza para la Justicia (APJ) y el comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio.
La rectora universitaria tras perder en esa modificación, lanzó una cruzada denunciando la falta de transparencia y a la presencia de intereses particulares.
Castellanos dejó entrever que tras la participación del representante de las universidades privadas hay algo más y puso énfasis en la aprobación por parte del Congreso Nacional de la Ley de Educación Superior, algo que la ha enfrentado a ella con este sector de la educación superior.
