Las autoridades de la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) dejaron al desnudo la falta de apoyo real al proceso de depuración policial.
Más allá de los discursos en los que gobernantes y diputados se rasgan las vestiduras, afirmando que ya hicieron su parte y ahora corresponde pedir cuentas a los operadores de justicia, el informe de la DIECP pone al descubierto la negligencia que ha habido para apoyar el proceso.
De acuerdo con el informe, la DIECP tiene en proceso de investigación 229 denuncias de delitos cometidos por policías, de los cuales, se han remitido al Ministerio Público 20 casos que involucran a 63 policías de diferentes escalas.
De estos policías, 22 son de las escalas 1 Superior y 2 Ejecutiva, es decir, director general (1), comisionado general (1), comisionado (7), subcomisionado (6), comisario (7), subcomisarios (3), inspector (2) y subinspector (1).
Entre estos delitos se mencionan violación de deberes de los funcionarios, tentativa de hurto y soborno doméstico, apropiación indebida, amenazas y daños, lesiones, detención ilegal, falsificación de documentos, denegación y retardo de justicia, entre otros.
Casos a Seguridad
Asimismo, el informe de la DIECP revela que se remitieron 18 casos a la Secretaría de Seguridad para que tomara las acciones administrativas correspondientes.
Estos 18 casos involucraban a 54 miembros de la carrera policial. Entre estos hay expedientes contra 1 general director, 1 comisionado general, 7 comisionados, 5 subcomisionados, cinco comisarios, 3 subcomisarios y 1 subinspector.
Tal y como lo había informado EL HERALDO, el pasado 4 de marzo, se emitieron 230 resoluciones que involucran a igual número de policías que no aprobaron alguna de las cuatro pruebas de confianza: polígrafo, toxicológica, psicométrica y socioeconómica.
De estos 230 policías, EL HERALDO reveló en marzo que solo hubo siete despedidos. Esta cifra fue confirmada en el Congreso Nacional.
De las resoluciones, 150 se emitieron por no aprobar el polígrafo, 25 por no pasar la prueba toxicológica y 55 por reprobar las pruebas integrales (incluye las cuatro pruebas).
Cabe destacar que la prueba del polígrafo se realizó con la cooperación de la Embajada de Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia, dice el informe.
Entre estas resoluciones, que debieron ser ejecutadas por la Secretaría de Seguridad para proceder al despido, había 7 comisionados de Policía, 16 subcomisionados, 16 comisarios, 18 subcomisarios, 12 inspectores, 24 subinspectores, 2 suboficiales III, 10 suboficiales I, 5 policías clase II, 3 policías I, 27 agentes de policía, 75 agentes de investigación, 14 alférez y 1 auxiliar.
En total, las resoluciones debieron dejar fuera de la institución a 230 policías.
En cuanto a las pruebas patrimoniales, realizadas en el 2012, se revela que 76 corresponden a policías de la escala ejecutiva y Superior, es decir, desde general director hasta subinspectores.
Esto significa que el 72 por ciento de las pruebas patrimoniales fueron realizadas a oficiales de policías.
Durante el 2012, indica el informe, se realizaron 1,792 pruebas de confianza.
De estas, 774 fueron pruebas de polígrafo, 584 toxicológicas, 191 en análisis, 98 patrimoniales y 145 integrales.
