Las reformas planteadas a la Ley de Telecomunicaciones por el Poder Ejecutivo legalizan procesos que restringen, disminuyen y tergiversan las libertades y derechos de expresión, prensa y comunidades, señaló este jueves el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio.
El ombudsman hondureño advirtió que la propuesta del Ejecutivo supone un 'ejercicio arbitrario del Estado en contra de la seguridad jurídica del hondureño y su uso en beneficio del bien común'.
En un análisis realizado por el Conadeh a las reformas remitidas hoy al Congreso Nacional, se establece una violación a los artículos 72, 73, 74, 75, 105, 106, 109, 110, 330, 361, 362, 363 y 364 de la Constitución de Honduras, al tiempo que contradicen la Ley de Emisión del Pensamiento y el Código Civil.
Custodio indicó que de aprobarse dichas reformas como han sido presentadas, provocaría una violación de Honduras a tratados y convenios internacionales vinculantes y que son de obligatorio cumplimiento.
'Las regulaciones y controles que se extienden a las comunicaciones o medios telefónicos pueden llegar a perjudicar la información colocada en portales de instituciones públicas relacionados a la transparencia y al libre acceso a la información', señala el análisis del Conadeh.
Asimismo, remarca que 'se imponen nuevas obligaciones de gasto público sin garantizar la universalidad del servicio ni su independencia'.
Critica también que se elimina la renovación automática de las frecuencias, aunque se haya cumplido previamente con todos los requisitos de ley, 'quedando sujetos a la decisión de Conatel, regulada por medio de un reglamento emitido por el presidente de la República'.
Por otra parte, puntualiza que 'se crea un vacío legislativo en lo relacionado a la creación y finalidad del Fondo Nacional de Desarrollo y Fomento a la Producción Audiovisual y Sonora, entrometiéndose en las funciones de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes'.
Y en lo referente a la penalización de la difamación y calumnia, advierte que 'deja indefenso al supuesto responsable, violentando el principio de inocencia garantizado por la Constitución, convenios y tratados internacionales de los que Honduras forma parte'.
Con respecto a la creación de una comisión reguladora de la programación, señaló que la misma excluye a los operadores y periodistas colegiados, con lo que 'se promueve la censura previa'.
Finalmente, destaca que el proyecto vulnera los derechos de propiedad privada, posesión de bienes, patrimonio familiar, mientras limita, disminuye y tergiversa el derechos a la libre empresa.
