La Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho interno prohíben la censura previa, recordó ayer Rodolfo Dumas, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Honduras.
Actualmente el gobierno de Porfirio Lobo impulsa una serie de reformas a la Ley de Telecomunicaciones, tomando como base una propuesta que le entregó el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
“Nos inquieta muchísimo cuando en la propuesta de C-Libre habla de un consejo nacional de regulación de ética en la comunicación, eso es preocupante porque ya sabemos que tanto la Convención Americana, la Declaración Universal y nuestro derecho interno prohíbe la censura previa, y es una prohibición absoluta. Ese tipo de artículos tiene que ser tocado con muchísimo cuidado”, advirtió Dumas.
Señaló que incluso hay una sección de la propuesta que habla de la exigencia de veracidad. Se exige que la noticia sea verdad, que es un término que ahora a muchos gobernantes le gusta utilizar cuando se refieren a estos temas, añadió.
Recordó que “ya hay una declaración de principios que han emitido todos los relatores en materia de libertad de expresión en el que las exigencias de veracidad, oportunidad e imparcialidad son incompatibles con lo que es la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque el concepto de verdad es etéreo, es subjetivo, entonces exigir la verdad, ¿va a ser la verdad de quién? ¿La verdad oficial? ¿La verdad suya o la mía?”, cuestionó.
No puede ser que una comisión o una pequeña agrupación de personas sea la que decida que un contenido es ético o no, muy distinto a lo que propone la SIP que los medios tengan a un observador o un ombusdman que proteja los derechos del lector, del televidente o del radio escucha, que goce de independencia para asegurar que el medio cumpla con su función eminentemente social.
Cuando estas medidas provienen del Estado son muy fáciles de manipular, aseguró Dumas.
